Transgrede el derecho de igualdad y no discriminación en perjuicio de la mujer y el derecho a la igualdad entre cónyuges, así como los derechos al libre desarrollo de la personalidad, al nombre y a la identidad, en relación con el principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad.
Corte Suprema de Costa Rica
Falta de intérprete no vulnera el debido proceso si el extranjero imputado entiende el idioma castellano, resuelve la Corte Suprema de Costa Rica.
Indemnización de perjuicios por daño moral otorgada a paciente en lista de espera para someterse a una cirugía se rebaja: intervención no es de urgencia y ello aminora el sufrimiento.
Jueces deben aplicar la jurisprudencia constitucional en casos análogos, aun si ello conlleva inaplicar normas incompatibles con estas decisiones.
Unión de hecho no admite límites temporales en el contexto de la violencia contra la mujer: se mantiene condena de hombre que violó una orden de alejamiento y agredió a su ex pareja.
La normativa contiene lineamientos específicos para el reconocimiento de las uniones de hecho, a saber; debe tratarse de una relación “pública, notoria, única y estable, por más de tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio. El marco normativo que regula y pretende proteger a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar resulta más amplio.
Derecho a defensa de un hombre privado de su patria potestad por tráfico de drogas aparece vulnerado. Tribunal de alzada no se pronunció sobre todos los motivos del recurso.
Existen reclamos de la impugnación interpuesta por la defensa técnica en su recurso de apelación que, a la fecha, no han sido conocidos por ninguna autoridad judicial, propiamente los ya referidos motivos quinto y sexto, en torno al ilícito de incumplimiento o abuso de patria potestad, circunstancia que incide en el derecho de defensa de la persona imputada.
Pruebas recabadas por un agente encubierto en el hogar de un sospechoso son lícitas y no vulneran su derecho a la intimidad, resuelve la Corte Suprema de Costa Rica.
La actuación del agente encubierto se estima lícita, al haber flexibilizado el imputado su derecho a la intimidad cuando permitió el ingreso del efectivo a su vivienda, debiendo descartarse que la investigación realizada resultara arbitraria o desproporcionada.
Despido disciplinario de gendarme que dio positivo en un test de drogas se ajusta a derecho, resuelve la Corte Suprema de Costa Rica.
Lo resuelto no trasgrede el principio de igualdad, ya que si bien todas las personas somos iguales ante la ley, este derecho no tiene un carácter absoluto. No cabe duda de que las personas que integran los cuerpos policiales no están en igualdad de condiciones con personas trabajadoras, cuyas funciones no resguardan la vida de otras ni implican el uso de armas.
Los daños reclamados deben ser determinados en su existencia y monto en sede ordinaria declarativa, pues ello no es competencia de la Sala Constitucional.
Lo resuelto por esta Sala deja completamente por fuera el tema de las supuestas sumas pagadas de más que alega el ejecutante. Dicho Órgano reservó tal discusión a la vía ordinaria. Es allí donde se debe determinar la existencia real de un posible daño material en virtud de un posible error de la Administración de justicia. El análisis que hace la juzgadora es una extralimitación de su competencia que contraviene la cosa juzgada.
Son nulas las cláusulas de un contrato bancario que supeditaron el cálculo de lo debido a una unidad financiera que no fue debidamente explicada al cliente.
No se cumplió con informar la naturaleza de la figura de manera suficiente, a fin de que la parte consumidora ponderara el riesgo y contara con la información necesaria para colegir que lo estaba asumiendo. En consecuencia, es claro que la redacción de las cláusulas referidas no permitía anticipar los riesgos que entrañaba la obligación pecuniaria asumida, de modo tal que las condiciones de pago no estaban suficientemente explicitadas en ellas.
Remoción de embajadores es un acto político discrecional que no puede ser impugnado en sede judicial. La actora hace depender las pretensiones económicas del examen del acto que no puede examinar la jurisdicción contenciosa administrativa.
Las relaciones internacionales dentro de lo que hace parte la política de nombramiento de las personas en comisión, no son susceptibles de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, salvo cuando se trate de un reclamo de daños y perjuicios, que convertiría el asunto en uno civil de hacienda, que no es el caso.
Indemnización a hombre detenido ilegítimamente es reducida en su quantum tras realizarse una nueva determinación del daño moral causado.
En la determinación del quantum se debe valorar la intensidad del daño y no se pueden desconocer las circunstancias fácticas accesorias de la conducta dañosa. No puede soslayarse que la duración de la privación ilegítima fue de cuatro días, aspecto que debe ser tomado en cuenta al fijar la indemnización en forma prudencial.
Gobierno está obligado a remitir antecedentes solicitados a periodista que investiga una presunta censura a medios de comunicación.
En las democracias, los medios de comunicación no tienen un papel simplemente pasivo respecto a la libertad de expresión; no se limitan a ser víctimas de los atentados contra esta libertad. Tienen por el contrario una gran responsabilidad y poder al ser los vehículos naturales para que las libertades comunicativas sean una realidad. Sirven al desarrollo de los procesos democráticos formando una ciudadanía bien informada, que conozca sus derechos y sus obligaciones.
Límites para modificar las condiciones de trabajo de un empleado están supeditados al respeto de sus derechos laborales y dignidad.
El concepto del ius variandi abusivo se presenta cuando el empleador excede los límites que posee en el uso de su facultad para variar las condiciones laborales de sus trabajadores. Su interés se centra en aquellas modificaciones que son abiertamente arbitrarias pues lesionan el derecho a la estabilidad laboral.