La Caja de Compensación debe abstenerse de descontar las cuotas del crédito adeudado desde la remuneración del actor si ya inició el cobro judicial -como ocurrió en la especie-, pues dicho descuento constituye un acto abusivo al no ejercer las acciones que reconoce la ley para cobrar la deuda.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la recurrida al proceder al cobro en forma extrajudicial, cuando en paralelo la demanda de ejecución que presentó se encuentra en tramitación.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la caja al actuar extrajudicialmente, tras haber demandado al recurrente, dando origen a un proceso que se tramita ante el 5º Juzgado Civil de Santiago.
El descuento efectuado deviene en arbitrario e ilegal, al haber transcurrido más de 10 años desde su otorgamiento, sin perjuicio de perseguir el cobro por la vía judicial pertinente.
Sobre tal valor se debe calcular el límite de descuento por cuotas de créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF).
Esta sostiene que la conducta de la recurrido es contraria a la ley y arbitraria, y atenta contra la garantía del derecho de propiedad, del que goza de forma exclusiva y excluyente respecto de su remuneración mensual.
El artículo 22 de la Ley N°18.833 permite esta modalidad de pago, por tanto, los descuentos no pueden ser catalogados como arbitrarios o ilegales.
En la especie, el cobro por vía judicial constituye enriquecimiento sin causa para la institución.
La Caja de Compensación vulneró el derecho de propiedad de la actora, al haber ejercido dos vías independientes de cobro de su acreencia.
A su vez, dispuso la restitución del dinero ya descontado.
Las entidades tienen la obligación de efectuar las acciones necesarias de resguardo del Fondo Social.
