El municipio estaba en conocimiento desde el año 2020 del funcionamiento del taller irregular, el cual siguió funcionando bajo el mando de su dueño pese a las fiscalizaciones y multas cursadas por el municipio, actos que a juicio del máximo Tribunal fueron insuficientes para mantener el imperio de la ley, y por ende, vulneraron el derecho a la integridad psíquica del recurrente, que debió soportar los ruidos molestos del taller ubicado frente a su casa.
El único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad. Si la nueva ley ha contemplado una norma específica, que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, pueden efectuar sin limitación trámites o solicitudes en establecimientos públicos.
Se limitó a dar cuenta de la existencia de un sumario administrativo seguido contra el recurrente, procedimiento público de acuerdo a lo establecido en los artículos 4 y 16 de la Ley 19.880. Existe un interés público comprometido.
El recurso excede largamente del ámbito propio de la acción cautelar prevista para amparar el legítimo ejercicio de derechos indubitados que resulten amagados por actos ilegales o arbitrarios.
Se trata de un conflicto contractual que debe ser discutido en un procedimiento de lato conocimiento.
Existe un estrecho vínculo entre el derecho a la identidad personal y la dignidad humana. Esta solo se afirma cuando la persona goza de la seguridad de conocer su origen y, sobre esa base, puede aspirar a ser reconocida como tal dentro de la sociedad.
Se denuncia la vulneración de la integridad psíquica del menor al limitarlo a interactuar sólo una vez a la semana con sus compañeros, todo ello por no contar con un PIE adecuadamente implementado.
Es abusiva la conducta de la recurrida, pues si bien el ordenamiento jurídico permite la realización de gestiones de cobranza extrajudicial, el ejercicio de dicho derecho debe realizarse de manera racional.
En el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El hecho que sea Lord Cochrane y Merino Castro los dos únicos jefes supremos de la institución que son homenajeados con estatuas de cuerpo entero en recintos institucionales, deja de manifiesto que se trata de una adhesión política al rol jugado por Merino, no un reconocimiento a su calidad de ex comandante en jefe.
