Además, el máximo Tribunal reitera que si el despido fue declarado improcedente, el empleador debe reembolsar el monto descontado como aporte patronal al seguro de cesantía del trabajador.
El máximo Tribunal, estimó que al momento del despido la notaria suplente infringió la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, al revisar las conversaciones de whatsapp que la funcionaria mantenía en uno de los computadores de la oficina con el anterior notario.
El demandante ejerció labores de ingeniero en la gerencia de mantenimiento de la división Chuquicamata, y fue desvinculado por necesidades de la empresa, al enfrentar la estatal un proceso de reorganización por cambiar la explotación de dicha mina de rajo abierto a cerrado, lo que le permitió disponer del despido de algunos de sus trabajadores, con el fin de optimizar sus recursos.
La recurrente demandó por tutela y despido injustificado al municipio de San Javier, no obstante, no acreditó la existencia de indicios de relación laboral debido a que el vínculo entre las partes siempre estuvo reconocido como prestación de servicios al amparo del Estatuto Administrativo.
El plazo establecido en el artículo 510 del Código del ramo, debe contarse desde el momento que termina la relación laboral. Si el trabajador ejerce la acción estando aún vigente el vínculo, se arriesga a sufrir represalias de parte del empleador.
La causal de despido contemplada en el Nº3 del artículo 160 del Código del Trabajo, no requiere la acreditación del estado de salud del trabajador, sino que su inasistencia sea injustificada, situación que puede revertirse con los medios de prueba respectivos.
La demandada no pudo probar que el cargo ocupado por el actor poseía facultades de representación, como pagar a proveedores, concurrir a acuerdos judiciales o extrajudiciales a nombre de la empresa, o pagar impuestos; por lo que el despido fue declarado improcedente.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la apreciación de la prueba realizada por el tribunal de primera instancia.
El máximo Tribunal compartió la interpretación jurisprudencial plasmada en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda contra la Corfo, como responsable de concesionar la promoción y preservación del patrimonio cultural e histórico de la comuna carbonífera.
El máximo Tribunal estableció que en la especie, no existe dispersión jurisprudencial que requiera unificación.
