Luego de que se decretara la prórroga del estado de excepción el 16 de septiembre de 2020, la denunciada decidió desvincular a los trabajadores invocando la causal de necesidades de la empresa.
El artículo 184 bis del Código del Trabajo contiene una regla expresa que vincula su contenido con el procedimiento de tutela laboral y, en particular, con la garantía de indemnidad.
El máximo Tribunal descartó error jurisprudencial en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que rechazó la caducidad de la acción.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada estableció la improcedencia del descuento del supuesto adelanto, el que no contó con la aquiescencia ni con autorización escrita del trabajador.
El máximo Tribunal desestimó la acción deducida en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmó la de primer grado que ordenó al Servicio de Salud de O’Higgins, pagar al trabajador una indemnización total de $11.080.678.
El Tribunal de alzada estableció la existencia de una relación laboral de larga data entre las partes y no la asignación de tareas puntuales y específicas.
El Tribunal de alzada estableció que erró la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, al declarar injustificado el retiro anticipado de la trabajadora, la que solicitó y no obtuvo permiso de su empleadora, la empresa Comercial Fashion’s Park SA.
Si el trabajador sabe de la existencia del sistema de video vigilancia, el empleador no está obligado especificar la finalidad exacta asignada a ese control.
El Tribunal de alzada desestimó el arbitrio intentado por la empresa, en contra de la sentencia del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por estar mal planteado.
