Según sostiene el CDE en su acción judicial, el “obrar dañoso de la empresa y sus representantes legales afectó y continúa afectando el Humedal de Puente Negro y el ecosistema asociado, en particular para la avifauna, y más específicamente para la Becacina putada, clasificada según su estado de conservación “En Peligro”, y cuya presencia es particularmente relevante en el humedal.
El Tribunal, luego de revisar la información contenida en el expediente administrativo, sostuvo que es posible arribar a la conclusión sobre la existencia y extensión del Humedal Urbano Quebrada Gramado e indicó que tales antecedentes dan cuenta que el referido humedal corresponde a un cauce natural que presenta condiciones de inundación periódica, así como también presencia de especies hidrófitas.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario al realizar obras que podrían afectar el área en proceso de protección, sin haber obtenido los permisos sectoriales y municipales pertinentes.
Se decretaron medidas provisionales preprocedimentales las que no fueron cumplidas en el plazo establecido por lo que se dio inicio a un procedimiento sancionatorio.
La empresa se expone a multas de más de $4.500 millones de pesos.
Una familia ocupa ilegalmente el terreno del humedal para disponer de residuos de construcción.
La sentencia rechazó cada una de las alegaciones de los reclamantes asociadas a un eventual emplazamiento de dicho humedal fuera del límite urbano; la proporcionalidad de la declaratoria; la debida fundamentación de la resolución que declaró el humedal; la posible vulneración al derecho de propiedad; y una eventual infracción al artículo 8, número III, literal b) del Reglamento de Humedales Urbanos.
El lugar en el que se proyectan las obras, afecta negativamente el ecosistema del sector, vulnerándose de esta manera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siendo deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
Cabe recordar que la Municipalidad acudió al Tribunal luego que el Ministerio del Medio Ambiente declaró como humedal urbano una superficie considerablemente menor (1,2 hectáreas) al polígono que esta solicitó inicialmente (46,23 hectáreas).
El Tribunal concluyó que la resolución que reconoció dicha zona como humedal urbano, no abordó adecuadamente cuestiones planteadas por los reclamantes.
Aunque su categorización como humedal urbano estaba en tramitación al interponerse la acción de protección, era posible reconocerlo como un ecosistema existente, por lo que podía y debía ser objeto de protección.
