Acreditar el ánimo de descrédito hacia la persona injuriada es un requisito fundamental del tipo penal contenido en el artículo 416 del Código Penal, en atención a que las palabras expresadas por el querellado en un medio de comunicación digital, deben ser analizadas en su contexto, y no sólo a través de lo que la querellante considere ofensivo para su honra y reputación.
La relación laboral viene marcada por un desgaste constante generado por el accionar del actor que culmina con los términos injuriosos vertidos en su red social que efectivamente ocasiona perjuicios a la firma, obrando con una actitud que no es propia de un buen trabajador, lo que torna imposible continuar con la relación laboral atento a la pérdida de confianza existente.
El medio de comunicación fue condenado a pagar 11 UTM, por la publicación de un reportaje que afirmaba que el querellante fue removido de su cargo por poseer vínculos con bandas dedicadas al robo de madera en la zona. El máximo Tribunal no dio lugar a tramitar el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia condenatoria.
Se afirma que es una buena noticia, que escogieron la muerte por ingresar a un cuerpo militar “matón” en vez de estudiar, son “perros bastardos” y “perras putas”. Tales expresiones carecen de la gravedad injuriante que el tipo penal aplicado reclama. No sugieren actuaciones al margen de la ley o vulneradoras de derechos, que pudieran comprometer la dignidad y el prestigio de la institución, resuelve el Tribunal Supremo de España.
La apreciación personal de una persona de la existencia de un acontecimiento discriminatorio por identidad de género no tiene el carácter de difamatorio. Por su parte, la recurrente cuenta con otras herramientas jurídicas en contra de la publicación.
Si bien la proporcionalidad entre el incumplimiento y la medida sancionatoria queda sujeta a la ponderación judicial, este ejercicio debe efectuarse considerando parámetros verificables, que nos aproximen a las nociones de adecuación, necesidad y proporcionalidad.
Los dichos vertidos a través de YouTube no pueden ser amparados como manifestaciones de la libertad de expresión, puesto que este derecho debe ser considerado de manera armónica con el derecho a la honra de las personas.
El actor fundamentó su petición a las empresas en el artículo 24 letra H) de la ley 18.168, el cual regula el principio de neutralidad de la red.
La esencia del delito de injurias no está en la corteza de los vocablos sino en la intención de quien los profiere.
A través de la red social, el demandado denostó la honra del demandante al señalar que éste utilizaba dinero público para operaciones políticas particulares, declaraciones que fueron eliminadas de la plataforma posteriormente.
El reportaje da a conocer hechos que son de interés público, y atendida las funciones del medio recurrido, su actuar se ajusta al ejercicio de la libertad de informar que le es inherente.
