El acusado intentó anular la suspensión de la licencia de conducir por el plazo de dos años, por el delito de manejo en estado de ebriedad, acusando no poseer el documento a la fecha de los hechos, y que el castigo accesorio sería una infracción al principio non bis in ídem. La Corte Suprema desestimó el argumento, al considerar que el juez no posee la facultad de separar la pena accesoria de la principal, por mandato expreso de los artículos 196 y 209 de la Ley Nº18.290.
La requirente alega que los preceptos legales cuestionados atentan contra la prohibición de prisión por deudas y sus garantías a un debido proceso, propiedad y no afectación de los derechos en su esencia.
El requirente alega que unos mismos hechos son investigados paralelamente por la justicia militar y por un juzgado de garantía, lo que vulnera el debido proceso, la igualdad ante la ley y garantías judiciales reconocidas en Tratados Internacionales vigentes y ratificados por Chile.
La letra h) del artículo 19 de la Ley Nº20.000 establece la sanción en atención al lugar donde se cometió el delito de tráfico, y no en consideración a la calidad de quienes comenten el hecho, como pretendió argumentar la defensa de los cuatro reclusos involucrados en la internación de droga en la cárcel de Concepción.
El requirente alegó que se le aplica una sanción múltiple que tiene efectos desproporcionados y atentatorios a su derecho de propiedad, entre otras vulneraciones a garantías constitucionales.
El requirente alega que se le aplica una sanción múltiple que tiene efectos desproporcionados y atentatorios a su derecho de propiedad.
El requirente reclamó que la aplicación de la preceptiva legal impugnada vulnera el principio de servicialidad del Estado, la igualdad ante la ley, la garantía de un justo y racional procedimiento, el principio non bis in idem y el derecho de propiedad.
Esto es así, debido a la antijuricidad material de ambos ilícitos, que buscan complementarse para configurar el peligro previsto por el legislador, por consiguiente, no se puede castigar ambos hechos de forma separada.
El contrato de trabajo debe contener la determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias, exigencia no cumplida, lo que motivó la sanción de multas.
Este caso de concurso de leyes se resuelve mediante el principio de consunción, en virtud del cual el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquel.
Tal acto constituye una vulneración al principio non bis in ídem reconocido por el derecho administrativo sancionador.
