Al adoptar este informe, el Parlamento responde a las expectativas de los ciudadanos de reforzar el papel de la UE a la hora de hacer frente a todas las formas de migración irregular y reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea, respetando al mismo tiempo los derechos humanos.
El derecho a la reagrupación familiar no puede depender de la mayor o menor celeridad con la que se tramite la solicitud. Por consiguiente, no puede denegarse alegando que el refugiado ya no era menor de edad en la fecha en que se resuelve sobre dicha solicitud.
La Directiva 2011/95 debe interpretarse de conformidad con el Convenio de Estambul, que vincula a la Unión Europea y reconoce la violencia contra las mujeres como una forma de persecución. Además, podrán obtener el estatuto de refugiado si, por razón de su sexo, están expuestas en su país de origen a actos de violencia física o psíquica, incluidos actos de violencia sexual y violencia doméstica.
La interpretación errónea de las normas en juego por parte del Servicio provoca la masiva judicialización de este tipo de causas, según consta en los registros de ingreso de la Corte Suprema.
En la misma sesión, las y los diputados votaron parte del articulado del proyecto que modifica la normativa para la determinación de la calidad de refugiado.
El daño invocado debe resultar directamente de la supuesta ilegalidad y no de la elección del demandante sobre cómo reaccionar ante el acto supuestamente ilegal. Se ha considerado que el mero hecho de que la conducta ilícita constituya una condición necesaria (una condición sine qua non) para que surja el daño, en el sentido de que el daño no se habría producido en ausencia de tal conducta, no es suficiente para establecer una relación causal.
Habría disuadido a asilados y refugiados para que no presentaran solicitudes de trabajo debido a su estatus de ciudadanía, en violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Señaló falsamente que las leyes de control de exportaciones le impiden contratar a personas con este estatus.
No existen motivos para dudar de las conclusiones de las autoridades con respecto a las circunstancias personales del demandante, a las que se había llegado tras un examen exhaustivo y racional. En particular, constataron la inconsistencia en los motivos de sus dos solicitudes de asilo: originalmente solicitó asilo debido a las amenazas de la mafia libia; luego porque había trabajado para el régimen de Gaddafi.
La falta de toda flexibilidad por parte del Estado miembro puede imposibilitar la observancia de los plazos legales establecidos. Por consiguiente, la reagrupación familiar podría verse sometida a requisitos adicionales más difíciles de cumplir, contraviniendo el objetivo de la normativa europea de prestar una especial atención a la situación de los refugiados.
No cabe estar de acuerdo con la afirmación hecha por el gobierno de que el demandante, como periodista experimentado, debería haber estado al tanto de esos factores sin que la autoridad le diera más detalles.
Al no adoptar las medidas para iniciar de inmediato el procedimiento para dar trámite a la solicitud, con la celeridad que el caso amerita, el Servicio infringe el deber impuesto por la normativa sobre protección de refugiados.
