No obstante lo anterior, los jueces del grado realizaron una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, valorando todos los medios de prueba que les fueron presentados, de acuerdo a lo que al efecto prescribe el artículo 297 del código citado, apreciando la prueba sin contradecir los principios de la lógica y el de la razón suficiente, como se ha pretendido por el recurrente.
El acusado fue sorprendido por Carabineros en posesión de una camioneta robada, y al ingresar a su domicilio, el personal policial encontró diversas especies de la víctima, así como marihuana lista para su comercialización.
La testigo afirmó que el acusado se encontraba ebrio y drogado, condición que lejos de justificar su conducta, puede explicar, al menos, lo errático de su proceder.
Tras una denuncia por robo en la comuna de Recoleta, los agentes arribaron al domicilio del imputado, autorizando el ingreso el padre del autor -previa lectura de derechos y advertencia de posible incriminación-, lugar donde éste confesó el delito y entregó la especie robada a los funcionarios.
Como así tampoco, promueve fórmula alguna de plena prueba que suprima por completo cualquier otra versión de aquella por la que se condena, lo cual deriva de la protección de la persona y los derechos del imputado.
El reclamante intentó dejar sin efecto la expulsión invocando el arraigo familiar que posee en el país, al tener una pareja y un hijo chileno, argumento desechado por el máximo Tribunal que declaró; “(…) el arraigo que pueda tener en nuestro país el hijo del actor, no puede ser una excusa para soslayar normas específicas dispuestas en nuestro ordenamiento jurídico en aras de la protección de un bien jurídico colectivo, como lo es la seguridad de las personas”.
El acusado intentó disminuir la condena argumentando que el delito se encontraba en grado de desarrollo tentado, tesis que fue desestimada por la Corte Suprema al hacer notar que el espíritu de la Ley Nº20.931, que modificó el artículo 449 del Código Penal, no es otro que sancionar esta clase de ilícitos sin considerar el grado de desarrollo imperfecto.
La existencia del dolo o fraude la debe probar el asegurador de manera amplia, plena y satisfactoria, extremos no configurados en este proceso. Para que se configure la situación prevista en el artículo 48 de la Ley de Seguros es necesario comprobar la exageración fraudulenta del daño, es decir, dolosa y con el propósito de obtener una indemnización superior al daño realmente sufrido.
El acusado lideraba una agrupación que asaltaba a camioneros que dormían en sus máquinas estacionados en servicentros de la ruta 5 sur, en el sector de Los Ángeles.
El recurrente fue denunciado por el robo de un celular, y al acudir a su domicilio, personal de Carabineros comparó la ubicación del GPS del teléfono móvil, con aquella brindada por Gendarmería respecto de la tobillera electrónica que portaba el hechor, coincidiendo ambas posiciones, por lo que detuvieron al acusado y recuperaron la especie robada.
El sentenciado sembró el terror entre los habitantes de la ciudad, efectuando diversos robos de dinero a taxistas y choferes de la aplicación Uber. El máximo Tribunal confirmó la pena de 20 años impuesta al imputado, descartando que en el juicio se haya vulnerado el debido proceso.
