El Ministerio Público concluyó que no existe delito de estafa en el retiro de fondos previsionales propios, si éstos son depositados por la AFP en la cuenta dos -en vez de la cuenta de capitalización individual-, debido a que el dinero retirado es patrimonio del querellado al ser parte de sus ahorros previsionales, por ende, no hay delito de estafa y la causa debe ser sobreseída definitivamente.
El artículo 404, referido a la conciliación, establece dos hipótesis; a) el llamado del Juez instando a las partes a conciliar; y b) otorgar al querellado la posibilidad de dar explicaciones satisfactorias. La primera requiere la voluntad de querellante y querellada. No la segunda donde el juez debe permitir al querellado dar explicaciones satisfactorias de su conducta, que las dio y el tribunal las estimó satisfactorias.
Los hechos denunciados resultaron veraces. Efectivamente, se acreditó la sustracción de los valores cuestionados, pero lo que no pudo comprobarse es que el recurrente hubiera intervenido o conocido su origen ilícito. Esta circunstancia, aunque determinante para decretar su sobreseimiento, no resulta suficiente para que sea indemnizado en esta sede.
La actora solicitó el pago de $52.800.000.- por daño moral, petición desestimada por el máximo Tribunal, al considerar que “el mero hecho de dictarse un sobreseimiento definitivo no transforma automáticamente a la resolución que dispuso la prisión preventiva en injustificadamente errónea o arbitraria”.
En lo que se refiere particularmente a los motores de búsqueda, la decisión judicial de desindexar ciertas direcciones respecto de un resultado implicaría una limitación que interrumpiría el proceso comunicacional, pues al vedar el acceso a dicha información se impediría la concreción del acto de comunicación, por lo que ello configura una medida extrema.
A las partes querellantes se les otorgó un plazo de cinco días para que corrigieran los vicios formales respecto de los hechos contenidos en la acusación con relación a los hechos que se mencionan en la querella, pero no dieron cumplimiento a lo solicitado por el tribunal.
El término extraordinario de dos días no implica que se trate de un término total de 12 días, por cuanto no se exige por el legislador que el juez dicte la resolución respectiva al vencimiento del décimo día, lo que denota que se trata de un plazo judicial.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Arauco, que rechazó la solicitud.
El estándar probatorio que se considera al momento de decretar la medida cautelar es diferente a aquel que se tiene en vistas al dictar el sobreseimiento definitivo, debido a que son dos estadios procesales diversos, por lo que la prisión preventiva siempre es de carácter temporal y revocable, según los mejores antecedentes que puedan aportar los intervinientes.
En la audiencia de sobreseimiento, la magistrada rechazó la petición formulada por la defensa del imputado y acogió, en cambio, los argumentos de la Fiscalía y querellantes, al existir antecedentes que impiden descartar totalmente la participación de Escobar Escobar en los hechos.
Se trata de información verídica que consta en un registro interno de acceso restringido, lo cual no lesiona la honra del recurrente. Además, de acuerdo al Código Procesal Penal, y las Leyes 19.650, 20.391 y 20.931 no solo debe mantener registros de sus investigaciones y resultados, sino que está obligado a hacerlo, para efectuar análisis a partir de ellos
