El afectado intentó revertir la retención, alegando que en 2017 saneó todas las deudas que mediante en un procedimiento de liquidación concursal, siendo rehabilitado en el año 2019, sin embargo, no incluyó el crédito solidario dentro de la masa total de deudas; por lo tanto, la retención solicitada no es arbitraria ni ilegal.
La recurrida reconoce que la resolución de multa no ha sido debidamente notificada, pero una vez que trascurrieron los plazos para reclamar (judicial o administrativamente) el sistema automáticamente cargó la multa al sistema de cobro de Tesorería General de la República, sin advertir aquella situación.
El recurrente contrajo una deuda por el otorgamiento de un crédito de estudios superiores (CAE), y el Fisco debía pagar al actor una suma de dinero acordada en un avenimiento en sede laboral, por lo que la Tesorería compensó ambas sumas y pagó al particular la diferencia, según lo prescrito en el artículo 6 del D.F.L. Nº1 del Ministerio de Hacienda.
Tesorería no tomó en consideración ciertos aspectos especiales de la deudora; una persona de más de 80 años, pensionada y con enfermedades, por lo que debe recibir todos sus antecedentes y evaluar un convenio de pago.
La TGR se hizo parte como tercerista de prelación y pago en una ejecución y que sostuvo que correspondía al ejecutante probar que el demandado no poseía otros bienes diferentes al bien raíz embargado para asegurar su crédito, argumento que fue desestimado por el máximo Tribunal. Tal aserto invierte la carga probatoria exigida al tercerista en el artículo 2478 del Código Civil.
La retención es amparada por los artículos 170 y 171 del Código Tributario, 1656 del Código Civil, y 1 y 4 del DFL N°1 de 1994.
Aaparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
La TGR se encuentra facultada para retener de la devolución de impuestos los montos de los créditos otorgados de acuerdo a la Ley N°20.027.
El libelo mencionó hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución.
La actora alegó que la sanción vulneró el principio de non bis in idem.
