El ingreso de los niños a un centro residencial es una medida que, en virtud de su intensidad y gravedad, debe considerarse sólo cuando el resto de las medidas proteccionales son insuficientes debido al impacto que aquello produce en el grupo familiar.
La resolución impugnada se encuentra en la hipótesis del artículo 24 de la Ley N° 14.908 parte final, el cual dispone que: Tampoco será recurrible la decisión que rechaza la objeción deducida; razón por la cual habrá de rechazarse el recurso de hecho.
Al no realizar ninguna actuación útil para explorar la posibilidad de que la ex cónyuge del amparado apruebe la forma de pago propuesta u otra, se amenaza su libertad personal con infracción a la Constitución y las leyes.
La autorización concedida implica radicar en forma permanente el cuidado de la niña en su progenitora y, a lo menos, dificultar la vinculación con el padre, por lo que el tribunal necesariamente debía pronunciarse sobre la relación directa y regular del padre con su hija.
Si bien los apremios de suspensión de licencia y orden de arresto fueron dejados sin efectos, el arraigo igualmente debe ser dejado sin efecto por no existir mérito que lo justifique.
Tratándose de una cónyuge de avanzada edad, con un estado de salud frágil, y existiendo una vida matrimonial extensa, el sacrificio y postergación personal debe valorarse con mayor entidad.
La sentencia se dictó con el solo mérito de la denuncia que dio inicio al procedimiento, sin permitir a la madre formular sus descargos, eventualmente ejercer su derecho a rendir prueba y a contrarrestar la de la contraria.
La materia debe ser conocida por el Tribunal de Familia en el que se sigue la causa por violencia intrafamiliar.
Se trata de bienes que no le pertenecen a la recurrida, por lo que afecta la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.
El ingreso de los niños a un centro residencial es una medida que, en virtud de su intensidad y gravedad, debe considerarse sólo cuando el resto de las medidas proteccionales son insuficientes.
En ejercicio de su potestad cautelar, el Tribunal de Familia deberá adoptar las medidas necesarias para la atención integral de la adolescente, debiendo citar al curador ad litem y al representante del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, ordena el máximo Tribunal.
