El daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del referido relato histórico o hecho probado.
Para cumplir con el requerimiento de pago exigido en la norma bastaba con notificar al deudor vía correo electrónico o SMS. La recepción de esta comunicación debe ser certificada por un servicio de entrega electrónica.
El delito de trato degradante difiere del delito de agresión sexual, ya que el primero protege la integridad moral, que tiene autonomía propia independiente y distinto de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y al honor.
La alevosía es compatible con la intoxicación semiplena por alcohol y drogas.
Cuando entran en conflicto el derecho al honor y la libertad de información, la prevalencia que en abstracto corresponde a la segunda debe ser ponderada de acuerdo al caso. Pero en concreto ha de estarse a la concurrencia de los siguientes tres presupuestos: interés público informativo, veracidad de la información y proporcionalidad.
Se consideró que el consumidor había actuado de mala fe, porque obtenía lo mismo en vía extrajudicial y forzaba la intervención judicial para beneficiarse de una condena en costas a la entidad demandada.
Si bien no se puede aceptar que la mínima sospecha de robos cometidos por los empleados pueda justificar la instalación de un sistema de video vigilancia encubierto, en casos concretos la existencia de sospechas razonables de que se han cometido graves irregularidades convierte este medio en prueba lícita.
La negociación colectiva está dotada de un marco claro de actuación que debe respetarse, y a tal efecto las previsiones del convenio colectivo no pueden verse modificadas por decisiones unilaterales del empresario ni por la autonomía individual, en tanto que ello implica eludir el derecho de negociación.
Que las víctimas no hayan opuesto resistencia no significa que hayan consentido, ya que el médico se aprovechó de su condición de superioridad.
Goza de relevancia pública la información sobre hechos de trascendencia penal, aunque la persona afectada por la noticia tenga el carácter de sujeto privado.
