En relación con la atenuante mencionada por la defensa, contemplada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, que se refiere a la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, estos sentenciadores rechazarán dicha atenuante al no cumplirse con los requisitos que la hacen procedente.
El condenado sabía que la víctima no contaba con redes familiares de apoyo y vivía sola.
En la audiencia de sobreseimiento, la magistrada rechazó la petición formulada por la defensa del imputado y acogió, en cambio, los argumentos de la Fiscalía y querellantes, al existir antecedentes que impiden descartar totalmente la participación de Escobar Escobar en los hechos.
En la audiencia de formalización, la magistrada ordenó el ingreso de Vásquez Villenas al módulo de alta seguridad del Complejo Penitenciario de Rancagua y de Inostroza Morales, al Centro de Detención Preventiva Santiago Uno, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y evidente peligro de fuga. Además, fijó en 180 días el plazo de investigación.
En la resolución se plantea que el organismo asesore jurídicamente y defienda penalmente a las víctimas, entregando con ello mayor equilibrio en materia de justicia.
La decisión que se cuestiona por la vía del recurso de protección fue dictada por un Tribunal, dentro de su competencia y en un procedimiento tramitado de acuerdo a las reglas del juicio abreviado, cuyo control escapa de la vía empleada.
El Tribunal estableció la responsabilidad y obligación del Estado de mitigar el daño causado a los familiares de la víctima.
El ilícito cometido por un funcionario del Estado en un régimen no democrático, no es suficiente para ser valorado como un acto inhumano grave, pues debe ser una expresión concreta de un ataque generalizado contra la población.
Se alega que el homenaje al excomandante atenta contra el derecho de reparación de las víctimas de derechos humanos y amenaza con la repetición de tales actos al presentarlo como un modelo a seguir.
El máximo Tribunal sostiene que una ‘justa indemnización’ debe ser necesariamente comprendida como aquella que determine el tribunal conforme al mérito del proceso.
Crea una única institucionalidad que integre a las Corporaciones de Asistencia judicial, reuniendo en un único Servicio la oferta programática que actualmente brindan, con atención a la defensa de víctimas de delitos, grupos o personas vulnerables y la defensa de los Derechos Humanos.
