La resolución impugnada se limita a expresar, en términos vagos y generales, los argumentos por los cuales no resulta procedente otorgar pensión de invalidez a la recurrente, al fundar la decisión en una frase de carácter meramente genérico referida a no cumplir con el estándar de invalidez mínimo requerido por nuestro derecho.
La Quinta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la parte recurrida al rechazar las licencias presentadas por el reposo posoperatorio, prescrito por médico tratante.
La conducta de la Superintendencia deviene en arbitraria tanto por no especificar los fundamentos técnicos de su determinación acorde a los antecedentes acompañados, cuanto por no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente.
La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, ya que sin fundamento racional, discrimina a quienes emitieron boletas de honorarios por otros montos diferentes a los que se consideraron para calcular el pago de licencia posnatal.
El no pago de licencias médicas repercute en el patrimonio de la actora el que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde por las licencias médicas rechazadas producto de la decisión del órgano administrativo. Se ordena someter a la recurrente a un peritaje médico y luego determinar la pertinencia o impertinencia del reposo de que dan cuenta las licencias médicas.
El recurrente intentó revertir el acto recurrido acusando que para destituir a un funcionario es necesario contar con un informe previo de la COMPIN, que declare salud incompatible, no obstante, la magistratura estimó que los alumnos aspirantes del curso de oficiales de la PDI no son funcionarios públicos, por ende, pueden ser sujetos de la medida de expulsión por motivos de salud previo informe de la comisión médica de la policía, como ocurrió en la especie.
La Segunda Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la parte recurrida al rechazar dos licencias presentadas por la madre por enfermedad grave del hijo.
Las decisiones de los órganos de la administración deben ser fundadas, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880.
La Sexta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la municipalidad al efectuar los descuentos, pues está en proceso de revisión la apelación al rechazo de los permisos por enfermedad.
No se sustenta en el mero capricho de la autoridad que intervino en la decisión, la que al contrario fundó su decisión en razones técnicas médicas con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica.
La Universidad de Chile declaró vacante un cargo por salud incompatible del funcionario, debido a los seis meses de licencia médica presentada en un período de dos años, acto arbitrario e ilegal que contraviene lo establecido en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, que exige el informe previo de irrecuperabilidad emitido por la COMPIN, lo que no ocurrió en la especie.
