En este caso importa visibilizar que el derecho a la inscripción, emplazamiento filial y la consiguiente documentación e identificación para ciertas personas puede verse afectado de manera flagrante y evidente. Este tipo de supuestos, reedita una emergente realidad: niños invisibles los que atento carecer de su derecho primario quedan expuestos a un sinfín de perjuicios, riesgos y vulnerabilidades.
Se ha acreditado la vulneración del derecho a la identidad de la menor, asociado a su derecho al nombre; por lo que corresponde estimar este extremo de la demanda, además de que ello se vincula con la necesidad de garantizar el principio del interés superior del niño aplicado al caso concreto.
La diversidad étnica y cultural de las personas afrodescendientes debe garantizarse en prisión, y las restricciones a las que son sometidas deben tener un enfoque diferencial que atienda a su cosmovisión y cultura, para que sus derechos no se limiten de manera desproporcionada.
Existe un estrecho vínculo entre el derecho a la identidad personal y la dignidad humana. Esta solo se afirma cuando la persona goza de la seguridad de conocer su origen y, sobre esa base, puede aspirar a ser reconocida como tal dentro de la sociedad.
No basta con el mero resultado de la prueba genética que probó el vínculo filial entre las partes para acreditar la culpa del progenitor, sino que es imperioso que omita voluntariamente el reconocimiento del niño.
El Registro tendrá un plazo máximo de seis meses para ejecutar e implementar el cambio.
El asunto está radicado en el tribunal de familia, que es la autoridad competente para decretar las medidas que estime pertinentes.
El ordenamiento argentino reconoce el derecho fundamental a la identidad de género, el que incluye el acceso a la salud integral y a las intervenciones quirúrgicas requeridas para hacer efectivo el derecho a la identidad.
El inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica y Vásquez, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento, en consideración que la fundamentación para la disposición cuestionada se encuentra en una finalidad legítima y atendible de resguardo.
