La decisión que omite esas consideraciones infringe el artículo 11, inciso 2° de la Ley N° 19.880, que establece que aquellos actos de la Administración que afectaren derechos de particulares deberán siempre expresar tanto los hechos como los fundamentos de derecho que le sirven de sustento.

Este derecho posee dos acepciones: la igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación de la ley. La primera referida a la norma aplicable a todos los que se encuentren en la situación descrita en ella. La segunda exige que un mismo órgano no pueda modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales.

El requirente alega que se produce una limitación a sus posibilidades de defensa, transgrediéndose sus garantías a un debido proceso e igualdad ante la ley.

Se trata de la decisión un órgano de la administración del Estado, cuyas consecuencias por su potencial económico inciden en las posibilidades de desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en el área perteneciente a un proyecto de explotación minera.

Asignación de estímulo, además de ser una remuneración de carácter transitorio, subsiste en la medida que se mantengan las condiciones que le dieron origen, siendo necesario evaluar su preservación, a lo menos, cada tres años.

Los actores denuncian el mal mantenimiento de los restos óseos y objetos funerarios de sus antepasados, los que se encuentran en bolsas plásticas al interior de cajas de cartón, sin ningún tipo de medidas de protección o conservación en el Museo de Purén.

El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado, en el procedimiento penal, vulnera su garantía a un debido proceso.

El máximo Tribunal ordenó a la Delegación Presidencial Regional, previa coordinación con las carteras ministeriales e instituciones correspondientes, implementar un plan de medidas que procure la protección integral y eficiente de los recurrentes.

El contrato a plazo fijo de la actora fue renovado en más de dos ocasiones, circunstancia que tuvo el efecto de transformar el contrato a plazo fijo en uno indefinido, por lo que el término del mismo debió sujetarse a las disposiciones del Código del Trabajo.

El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado, en el procedimiento penal, vulnera garantías constitucionales.