El máximo Tribunal refrendó la interpretación jurisprudencial plasmada en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que ordenó al establecimiento educacional solucionar el incremento legal por años de servicios y proceder a restituir los descuentos del aporte del empleador a los seguros de cesantías de las docentes.

El máximo Tribunal sostuvo que la única causa legal para ejercer la facultad del artículo 13 de la Ley N°19.728, y descontar los aportes, es que el despido sea por la causal necesidades de la empresa; en la especie, el despido fue declarado improcedente y se ordenó al recurrente restituir los fondos descontados.

Si el despido es declarado improcedente, el empleador debe restituir los montos que descontó, en atención al inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728 en relación con los artículos 161 y 168 del Código del Trabajo.

El máximo Tribunal descartó que exista dispersión jurisprudencial que requiera pronunciamiento unificador.

Solo si la causal del artículo 161 del Código del Trabajo es procedente y se acredita, el empleador podrá imputar a la indemnización por años de servicio lo que aportó al seguro de cesantía, en caso de no proceder dicha causal la retención debe ser restituida al trabajador.

La magistrada rechazó la excepción de finiquito al no justificar 3M la causal de necesidades de la empresa argüida en la carta de despido del trabajador.

El Tribunal estableció que la demandada no justificó el incumplimiento grave de las obligaciones contractuales del trabajador, esgrimidas como causal del despido.

Decisión adoptada con el voto en contra de la ministra Díaz, en la parte que rechazó el recurso de nulidad de la devolución del aporte patronal al seguro de cesantía.

El Tribunal de alzada descartó yerro en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que declaró que las demandas constituyen un único empleador para efectos laborales y previsionales, por lo que deberán pagar solidariamente las indemnizaciones por aviso previo y por años de servicio, con recargo legal del 30%; más la devolución de la suma descontada del aporte patronal al fondo de cesantía de la trabajadora.

El Tribunal rechazó la demanda al no acreditarse que el demandante haya sido despedido de forma verbal, tras ausentarse de su lugar de trabajo tres días seguidos.