Dentro de los datos de carácter personal se encuentran, entre otros, el nombre, edad, sexo, estado civil, profesión, RUT, cuenta corriente, domicilio y teléfono. En razón de esto, su divulgación y tratamiento únicamente pueden ser efectuados cuando el titular consienta en ello o la ley lo autorice, lo que sin duda no ha ocurrido en la especie.

El contenido de las publicaciones en cuestión tiene la aptitud para vulnerar el derecho a la honra del actor, en particular su reputación social, toda vez que las expresiones drogadicto y maltratador de mujeres, evidentemente, revisten dicho carácter.

Al enviar cinco correos electrónicos acerca de la existencia de una causa de alimentos con prestaciones impagas, el abogado recurrido convirtió dichas comunicaciones en un verdadero reproche ético con amplia publicidad respecto del funcionario demandado.

La identificación del destinatario de las ofensas no requiere su designación con nombres y apellidos, cuando aquélla resulte posible, siquiera para las personas de su círculo más próximo, por las referencias indirectas o las circunstancias concurrentes.

Ponderados los antecedentes allegados conforme a los elementos de la sana crítica, se desprende que indudablemente el actuar de la recurrida resulta arbitrario.

Existe una controversia respecto de la autoría de la publicación, lo que escapa al ámbito de competencia de este recurso, toda vez que para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en este caso desde que el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado.

La Primera Sala de alzada acreditó que el contenido de las publicaciones vulneran el derecho a la honra y crédito personal de los propietarios de la empresa.

El recurrente acusó a su sobrina -una menor de 16 años- de vulnerar su derecho a la honra por medio de publicaciones en redes sociales, donde lo sindicaba como autor de presuntas violaciones y abusos sexuales, sin embargo, al momento de la presentación de la acción tutelar, la joven ya había eliminado todas las publicaciones difamatorias, por lo que el recurso perdió oportunidad.

Estos sentenciadores no logran advertir algún tipo de vulneración a las garantías constitucionales invocadas, ya que de ellas no es posible desprender un contenido denostativo en contra de su persona.

Si bien las publicaciones afectan las garantías a la honra y a la vida privada no resultan arbitrarias ni ilegales al estar amparadas por el derecho a la libertad de emitir opiniones y de informar, refiere el voto en contra.