Se permite justificar el reconocimiento de una indemnización por este concepto, por las molestias que exceden un mero incumplimiento contractual, a partir de la confianza que como consumidor se deposita en los beneficios ofrecidos por la empresa fabricante y distribuidora del producto, advirtiéndose claramente una modificación disvaliosa en su espíritu que torna viable la reparación del daño moral.

La negativa no estaría protegida por el derecho que tendría todo investigado a guardar silencio, con el objeto de no auto incriminarse, ya que ésta se aplicaría solo a la toma de declaración, sin que la misma pueda extenderse a otras diligencias, como sería el caso de la toma de muestra de voces, cuyo objeto no sería recabar sus declaraciones, sino únicamente recabar sus voces, para la realización de las pericias fonéticas correspondientes.

Así como la prueba de ello es inconmensurable, según lo afirman las apelantes, también lo es la medida jurisdiccional que pretenden y es por ello por lo cual el juez de la causa debe contar con los elementos de convicción que considere pertinentes para examinar la procedencia de la tutela solicitada sobre los activos intangibles siempre, claro está, que ello se encuentre dentro de lo razonable.

Si bien la crianza de animales y la plantación de alimentos son indicadores de que en el lugar habitan personas y que éstos vienen posesionando dichas áreas, lo verificado mediante la inspección judicial no permite colegir que las áreas descritas se encuentren en total posesión de la asociación demandante, ello teniendo en cuenta que gran parte del área está constituida por cerros, y que las cabañas no acreditan la posesión de más de diez años al tener características provisionales.

Los tribunales turcos simplemente equipararon el uso de ByLock con ser miembro, consciente y voluntariamente, de una organización terrorista armada, independientemente del contenido de los mensajes o de la identidad de las personas con las que se habían realizado los intercambios. Los tribunales tampoco establecieron debidamente que se hubieran cumplido todos los requisitos del delito. Una interpretación tan amplia de la ley crea una presunción de culpabilidad casi automática.

No se advierte cómo se habrían afectado los derechos de la requirente teniendo presente tanto el tenor de la sentencia definitiva como las causales invocadas por la requirente en el recurso de nulidad. En efecto, el precepto cuestionado no ha tenido aplicación en el caso sub lite pues los requisitos de la sentencia que permite omitir y que justifican los vicios de constitucionalidad alegados, han sido aplicados en la sentencia definitiva.

El proceso realizado por a quo para valorar la prueba resulta paradigmático por su exhaustividad y profundidad en el análisis. En particular, analiza con especial detenimiento la existencia del engaño y describe con detalle la hábil preparación de un sistema defraudatorio que consumó la estafa. Todo ello como consecuencia del «claro sentimiento de enamoramiento y cariño» que la víctima sentía hacia el acusado.

Se lo condenó a 7 años y medio de cárcel por la violación de una estudiante de secundaria. La condena fue atribuida a los testimonios de testigos poco confiables, a los prejuicios raciales de la época y a la llamada “visión de túnel”, que no permitió a la víctima identificar al verdadero agresor.

Fue incriminado por la mala relación personal que mantuvo con algunas de las víctimas, suscitada a raíz de una disputa por razones comerciales. Desde un comienzo sostuvo su inocencia, aduciendo que el día del crimen se encontraba en un viaje de negocios a 500 km de distancia.

La relación laboral viene marcada por un desgaste constante generado por el accionar del actor que culmina con los términos injuriosos vertidos en su red social que efectivamente ocasiona perjuicios a la firma, obrando con una actitud que no es propia de un buen trabajador, lo que torna imposible continuar con la relación laboral atento a la pérdida de confianza existente.