Según el proyecto de ley, las aplicaciones de este tipo, definidas como aquellas controladas por adversarios extranjeros y que representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, serán prohibidas a menos que el propietario de dichas aplicaciones cese su control sobre ellas en un plazo de 270 días.
La ley impone sanciones significativas a las empresas de redes sociales que no cumplan con sus disposiciones. Ello incluye la obligación de eliminar las cuentas existentes de menores de 14 años residentes en Florida, con la amenaza de demandas por daños y perjuicios de hasta 10.000 dólares por cuenta no eliminada, así como posibles multas de hasta 50.000 dólares por infracción.
Es cierto que las advertencias imponen una carga a los demandantes. Pero eso por sí solo no ofende la Constitución. Más bien, debemos preguntarnos si esa carga es indebida. En otras palabras, la regulación no puede imponer una carga excesiva o desproporcionada con respecto a los beneficios obtenidos.
La actividad de un funcionario público en las redes sociales constituye una acción estatal según la ley § 1983 solo si el funcionario (1) posee autoridad real para hablar en nombre del Estado y (2) pretende ejercer esa autoridad cuando se comunica en redes sociales. La apariencia y función de la actividad de estas redes son relevantes en el segundo paso, pero no pueden compensar la falta de autoridad estatal en el primero.
Los jueces deben decidir si las plataformas de redes sociales deben ser tratadas como operadores comunes, sujetos a regulaciones limitadas sobre la discriminación de contenido, o si tienen más similitudes con los periódicos, que gozan de una amplia libertad editorial.
La ordenanza no infringe la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, ya que el discurso requerido es factual y no controvertido, y está dirigido a promover un interés legítimo del gobierno en la prevención del suicidio y la salud pública.
Las leyes sometidas a escrutinio prohíben a las empresas de redes sociales censurar a los usuarios que expresan sus opiniones políticas, incluso si los estos violan las políticas de la plataforma en el ejercicio de sus derechos, lo que esencialmente limita la capacidad de las compañías para filtrar publicaciones que puedan ser consideradas ofensivas.
Respetar el compromiso de la Constitución con la libertad de expresión significa que todos nos encontraremos con ideas que consideramos «poco atractivas», “equivocadas”, o incluso “hirientes”. Pero la tolerancia, no la coerción, es la respuesta de nuestra Nación. La Primera Enmienda contempla a los Estados Unidos como un lugar rico y complejo donde todas las personas son libres de pensar y hablar como deseen, no como exige el gobierno.
La medida fue adoptada en virtud de una reforma impulsada por parlamentarios demócratas. Ha encontrado oposición en ciertos grupos que acusan a las autoridades estatales de vulnerar su libertad religiosa y sus derechos como padres, en contravención a la Primera y Decimocuarta Enmienda.
La Ley Lanham considera las marcas como identificadores de origen, como elementos que funcionan para «indicar el origen» de los productos y, por lo tanto, para «distinguirlos» de los «fabricados o vendidos por otros». El pecado capital bajo esta ley es socavar esa función. Es confundir a los consumidores acerca de la fuente, para hacer que piensen que los productos son de otro.
El acto de grabar videos tiene derecho a la protección de la Primera Enmienda porque es una etapa importante del proceso de expresión que termina con la difusión de información sobre una controversia pública.
