El recurrente no logró probar ningún acto posesorio respecto del inmueble que pretendía regularizar en la comuna de San Javier, no cumpliendo con el requisito que exigen los artículos 2 y 4 del D.L. Nº2695.

La demandante adquirió en 2016 un inmueble por medio del procedimiento de regularización del D.L. Nº2695, por tanto, le era inoponible el contrato de arriendo celebrado en 2010 por el ocupante del predio, quien fue condenado a restituir el bien raíz.

La prescripción de corta duración establecida para la acción de dominio del artículo 26 del D.L. N°2695, se interrumpe con la notificación de la demanda, y no con su interposición, por lo que la demandante adquirió la propiedad regularizada mediante prescripción adquisitiva.

El recurrente demandó la nulidad de ocho resoluciones del SEREMI de Bienes Nacionales regularizaron un inmueble sin comprobar que los solicitantes cumplieran con el plazo de posesión exigido en el D.L, N°2.695, hecho del que se sigue la cancelación de las inscripciones dominicales; acción que no prescribe en los términos ordinarios del derecho civil.

Solicitante manifestó que hacía uso de las aguas con anterioridad a octubre de 1981, en circunstancias que el punto de captación fue construido hace cinco años.

El recurrente no cuestionó el artículo 19 del D.L. N°2695 aplicado por el fallo que le es adverso y, en cambio, se centro en alegar que el predio regularizado era indígena, hecho no invocado por las partes en sus peticiones durante el juicio.

El demandado posee la propiedad hace 40 años y ha invocado para su ocupación contratos celebrados con los demandantes, así como la existencia de un procedimiento de regularización al amparo del DL N°2695.

La Corte Suprema indicó que el recurrente no relacionó los hechos acusados, con las normas que influyeron en lo dispositivo del fallo recurrido.