Los impugnantes estiman que el Decreto Supremo infringiría los límites de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, regulada en el artículo 32 N°6 de la Constitución, en cuanto ha trasgredido y pretendido ampliar sus competencias, normando aspectos que corresponden a una ley general y que establece las bases esenciales del medio ambiente, a saber, la Ley N°19.300.

La impugnante sostiene que las normas infringen la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que se le priva del derecho de revisión por un órgano distinto al órgano recalificador.

El requirente alega que las normas del Auto Acordado infringen la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que no contemplan la acusación o imputación de los cargos por los que fue investigada disciplinariamente, pues un simple informe le impide asumir una adecuada defensa.

El requirente alega que la norma del Auto Acordado infringe la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y protección, el derecho a desarrollar actividades económicas y profesionales y los principios de juridicidad y de seguridad jurídica, desde que, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos previstos en los artículos 523 y 526 del COT, se le ha postergado el juramento a cambio de la presentación de más documentos académicos.

El requerimiento de inaplicabilidad fue rechazado al producirse empate de votos. Para los Ministros que estuvieron por acoger, el precepto legal produce un efecto contrario a la Constitución por vulnerar la obligación de garantizar una tutela judicial efectiva, al constreñir a tan sólo cuatro causales las posibilidades de reclamo del contribuyente y no permitir controvertir el avalúo realizado, impedimento que genera una situación de indefensión no tolerada por la Carta Fundamental.

El requirente alega que la norma del Auto Acordado infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que la persona que acusó es la contraparte en el proceso, testigo y finalmente será la que procederá a dictar sentencia.

La requirente alega que se infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, particularmente el debido proceso, el derecho a la dignidad y, de conformidad al artículo 5 de la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención de la Cedaw, Convención de Belém do Pará, como así también las Política de la Secretaría Técnica de Género y no discriminación de la Corte Suprema.

El requirente alega infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que a diferencia de la denunciante no se le permite acompañar o solicitar prueba después de los cinco días desde que fue notificado del sumario y debe hacerlo en el escrito de descargos.

Vulnera la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de administración financiera del Estado.

Afecta el debido proceso y en especial el derecho al recurso.