Para anular de oficio el fallo impugnado, el máximo Tribunal observa consideraciones contradictorias y falta de razonamiento sobre los informes técnicos que prueban la demolición del conjunto habitacional por defectos constructivos.

Dada su naturaleza y finalidad, las redes privadas deben cumplir con las condiciones técnicas de las redes públicas.

Las residencias universitarias son consideradas como vivienda, por ende, no infringe su instalación las normas del reglamento de copropiedad.

El recurrente y el SERVIU se disputan en sede civil el dominio de una propiedad tomada por terceros, por ende, el actor carece de un derecho indubitado oponible a todos los recurridos.

No concurren las infracciones a las normas en que se sustenta el recurso de nulidad, el que no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Es indiscutible la afectación de garantías constitucionales que los actores invocan, quienes dieron cuenta de una perturbación permanente de sus condiciones de vida y una amenaza a su seguridad, integridad física y salud.

Durante el desarrollo del juicio, el ente fiscal confesó conocer los perjuicios causados a la demandante al cobrar de forma adelantada los documentos de garantía.

Cerrar el acceso a sus pertenencias a la recurrente configura un acto de auto tutela que afecta la prerrogativa constitucional del derecho de propiedad.

El impedimento de usar adecuadamente una vivienda dada en propiedad y que sirve de lugar para el hogar común, viola de las garantías del numeral 4° y 24° del artículo 19 de la Constitución.

En el juicio de revisión del monto indemnizatorio por expropiación, el impulso procesal correspondía al tribunal, por lo que los 6 meses de inactividad acusados no eran atribuibles a los demandantes.