De entregarse toda la información quedarían en evidencia datos sobre el denunciante de maltrato lo que vulnera sus derechos y de los demás funcionarios implicados y podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano al inhibir a los funcionarios a presentar denuncias.

Pese a que el procedimiento sumario no se encuentra afinado, el órgano  igualmente debe justificar y acreditar la causal de reserva o secreto invocada, y en particular, la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, lo que no se ha verificado.

No se vislumbra vulneración derechos constitucionales, ni tampoco hay medida que a estas alturas se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del actor.

El proceso administrativo se inició en agosto de 2020 y ha excedido los plazos del artículo 27 de la Ley N°19.880, vulnerando la igualdad ante la ley del recurrente.

El máximo Tribunal dispuso dejar sin efecto la suspensión del funcionario debiendo asignársele funciones que no entorpezcan el desarrollo de la investigación que se lleva en su contra.

El recurrente sostiene que el acto impugnado desconoce el derecho del pueblo Rapa Nui como titular de los terrenos ancestrales de la Isla de Pascua, como también el derecho a su autonomía

Aquella información cuya naturaleza es pública, no pasa a ser secreta o reservada por el sólo hecho de que se acumule a un sumario incoado por el órgano requerido, especialmente, si no se ve frustrada la investigación que se lleva a cabo si es que se conociese o publicare la información.

Al actor señala que el actuar de la Alcaldesa riñe con el derecho a la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y fuero maternal. Aplicando medidas que no son racionales ni justas y que han dejado a la funcionaria en total y absoluta indefensión.

Con el fin de resguardar la igualdad ante la ley de la actora, la recurrida debe dar pronta realización a la investigación sumaria.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta indicó que la recurrida no dio cumplimiento con lo ordenado en el año 2017 por la Corte, esto es, aplicar descuentos sin previa investigación sumaria para determinar responsabilidades.