No se demostró la existencia de un acto arbitrario e ilegal que prive, perturbe o amenace a alguno de los derechos que le asisten al recurrente, tanto en su calidad de persona, como de discapacitado.
Si es necesario, corresponde un cupo adicional en el total de las contratas autorizadas para el respectivo servicio público.
El Fiscal instructor ha actuado en el marco de sus atribuciones.
No se cumplieron los requisitos previstos en las bases concursales que regularon la convocatoria de la beca.
Resolución contuvo consideraciones de derecho, pero no fundamentos de hecho.
Proceso de calificación no contó con la necesaria racionalidad exigible al actuar de la Administración.
Llamadas telefónicas de cobranza extrajudicial deben ser en días hábiles.
La publicación hace hincapié en la importancia de las nuevas regulaciones en derecho económico, comercial y fiscal, sin dejar de lado las discusiones coyunturales en materia constitucional, civil, ambiental y de seguridad social.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió parcialmente la demanda, declaró injustificado y nulo el despido y condenó a la empresa a pagar las indemnizaciones de término de contrato, el recargo legal del 50% sobre la indemnización por años de servicios, feriados, cotizaciones de seguridad social adeudadas y las remuneraciones que se devenguen hasta la convalidación del despido.
El documento fue elaborado y editado por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, y su finalidad es “recomendar usos prácticos que puedan ser comprendidos como un avance de los derechos de las mujeres y otros grupos, entendiendo que la administración de justicia debe resguardar la igualdad de trato, pero a la vez atender particularidades que caracterizan las distintas discriminaciones que puedan afectarles, entre ellas el uso del lenguaje”.
