La magistratura rechazó la acción cautelar interpuesta por la profesional, al confirmar que el término anticipado de su contrata obedeció a falta de conocimiento en medicina interna y cuidado de pacientes críticos, así como al mal uso de una licencia médica. De igual forma, los jueces estimaron que la médico no puede ampararse en la confianza legítima, debido a que sus servicios fueron desarrollados por un plazo inferior a 5 años.

Los recurrentes acusaron a la Municipalidad de Chillán de no otorgarles el permiso para el comercio ambulante, sin embargo, el municipio sostuvo que ha otorgado más de cien permisos de ese tipo, y ninguno de los actores aparece registrado como solicitante, por lo que es imposible otorgar permisos si aquellos nunca fueron ingresados.

El letrado acusó un “monopolio” de las revalidaciones por parte de la casa de Bello, y que, desde que decidió iniciar un movimiento para hacer cumplir el artículo 143 de la Ley de Migraciones -que permite a todas las universidades del país revalidar títulos de profesionales foráneos-, las autoridades universitarias lo han discriminado arbitrariamente al negar sin fundamentos la posibilidad de ingresar por segunda vez al proceso de homologación.

El Tribunal de alzada estableció que concurren los requisitos para solicitar la extradición del ciudadano chileno que se encuentra actualmente detenido en Roma.

El Tribunal de alzada descartó ilegalidad en las resoluciones impugnadas, que excluyeron a las reclamantes del listado de empresas estratégicas al contar con servicios mínimos y equipos de emergencia calificados para hacer frente a eventuales paralizaciones de trabajadores.

El Servicio no tuvo en consideración el reconocimiento presunto que el padre de los recurrentes hizo al momento de otorgarles su apellido, por lo que no puede fundar el rechazo de la rectificación en que los actores carecen de filiación determinada, debido a que tal aserto los discrimina arbitrariamente al exigirles algo que excede los márgenes del ordenamiento.

El funcionario no dio cuenta oportunamente de la pérdida de un televisor que estaba bajo su custodia, merma que fue advertida por otros funcionarios que realizaron un inventario de la bodega en que el recurrente trabaja, lo que evidenció la falta de diligencia del actor en cuidar los bienes fiscales sujetos a su responsabilidad.

Adquirió un bien inmueble por prescripción de acuerdo a las disposiciones del DL N° 2695 y que posteriormente vendió, pero al momento de inscribir la compraventa, el Conservador de Bienes Raíces rechazó la inscripción, sosteniendo que el vendedor se encontraba casado bajo el régimen de sociedad conyugal, circunstancia que importaría que el bien raíz sea considerado social y no del haber propio del cónyuge.

En la audiencia de formalización, el magistrado Carlos Aguayo Dolmestch  no acogió el arresto domiciliario total solicitado por la Fiscalía por considerarlo desproporcionado, en atención a la pena que enfrenta la imputada en caso de ser condenada y a que le favorece al menos una atenuante.

El máximo Tribunal sostuvo que el derecho a la educación comprende la entrega del título universitario, sin que sea óbice invocar como impedimento la deuda de estudios de la recurrente, pues la casa de estudios puede cobrar la deuda mediante las acciones que le otorga la ley.