La magistratura estimó que al estar formalizada una investigación en contra de los recurridos, y decretada en su contra la medida cautelar de desalojo, no puede prosperar la acción cautelar que persiga el mismo resultado, pues el litigio ya está en conocimiento de la justicia y se han decretado medidas tendientes a la protección de los derechos de la recurrente.
La magistratura advirtió que el recurrente no posee un derecho de carácter indubitado respecto de la expectativa permanecer en cargo de suplente Técnico grado 9º, debido a que la naturaleza misma del cargo no es definitiva, y además, porque el actor es investigado por una presunta manipulación del concurso público en que ganó dicho puesto.
El municipio clausuró un inmueble luego de sorprender la extracción de áridos desde el lecho del río Elqui, no obstante, en dicho predio se ubicaba la bodega de una empresa de maquinaria minera, que vio entorpecido su derecho a desarrollar una actividad económica lícita, pese a que el recurrido no extrae áridos.
Deberíamos plantear el conflicto entre el interés inmediato prima facie de Pietro de proteger su propiedad, frente a su deber mediato prima facie de vivir en una sociedad que reconozca el valor de la vida de todos. En este caso no encontramos efectos relevantes en la esfera de luz pública y, dado que se trata de una cabaña desocupada y no aparecen en juego otros intereses de la esfera familiar e íntima de Pietro, podemos ubicarnos en una esfera en la que son aplicables los criterios de valoración propios de la esfera social.
La dueña del inmueble dedujo acción reivindicatoria para recuperar parte de la propiedad ocupada, la que fue acogida por la magistratura al verificar la privación del dominio. Asimismo, el máximo Tribunal indicó que la demandada no puede desconocer los hechos asentados en el juicio, para invocar nuevos hechos en su recurso de nulidad sustancial.
El máximo Tribunal sostuvo que la casa de estudios no puede condicionar la entrega del título a una deuda arancelaria, en circunstancias que la actora completó satisfactoriamente todo el plan de estudios.
El máximo Tribunal estimó que, las sustancias trasladadas por riles de agua lluvia y servidas no constituían “residuos peligrosos” en el sentido que lo entiende el artículo 44 de la Ley Nº20.290, por ende, falta el objeto material del tipo panal que sanciona tal acto.
En la audiencia de formalización, el magistrado Juan Pablo Gómez Heredia ordenó el ingreso de Agusto Pérez al Centro de Detención Preventiva de Calama, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.
La iniciativa tiene por objeto incrementar la recaudación fiscal, relevar la gravedad de la comisión de delitos tributarios, fortalecer la Defensoría del Contribuyente y fortalecer institucionalmente a los diferentes servicios que componen la administración tributaria.
Los oficiales superiores del cabo lo castigaron dos veces por el mismo hecho, primero, al imponer la sanción de “presentaciones” ante la jefatura, y luego, al disponer el arresto militar del actor, por ser sorprendido -presuntamente- bebiendo alcohol al interior del cuartel, hecho que en todo momento la oficialidad fundó en el testimonio de “5 testigos contestes”, negando al actor el derecho a controvertir en una investigación sumaria.
El máximo Tribunal reparó en que el título invocado por el demandante no justifica el dominio que pretende, respecto de un bien que nunca ha poseído materialmente, y respecto del cual, el demandando mantiene una inscripción vigente y la posesión tranquila del inmueble por más de 25 años.
