Alegan que se los privó de intervenir en el debate de normas reglamentarias haciendo el uso de la palabra lo que contraviene la libertad de expresión garantía básica en un proceso democrático de deliberación y búsqueda de acuerdos.

La sentencia sostiene que cabe tener presente en este análisis que el legislador de la Ley N°20.855 no ha incurrido en ninguna confusión u olvido. En el texto legal se hace una distinción neta de las hipotecas y las prendas como garantías específicas y generales, en cada caso.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

En esas comunicaciones, el abogado le imputó ilícitos civiles y penales, los que no contaban con respaldo en sede jurisdiccional, lo que indudablemente perturba el derecho a honra y crédito personal de la recurrente.

El procedimiento para tales efectos se encuentra regulado en el artículo 53 de la Ley N°19.880.

Al no entregar oportunamente los fondos pagados por error, la institución ha conculcado el derecho de propiedad del recurrente.

La naturaleza del mecanismo de revisión judicial de la potestad sancionatoria del Estado no se altera por la calificación de “apelación” que le otorga el artículo 34 de la Ley N°18.838.

La clausura del establecimiento es una sanción que se debe dirigir en contra de quien resulte infractor de la norma, por lo que no procede su imposición a una persona diferente, como es el caso del recurrente.

La ley se limitó a suspender los términos probatorios que hubiesen empezado a correr o que se iniciaren durante la vigencia del Estado de Catástrofe, no operando ninguna de las hipótesis en el caso.

Con ello se evita superposición de inscripciones o traslape de deslindes que afectan la certeza del sistema chileno de registro inmobiliario.