La resolución impugnada constituye un acto desprovisto de motivación racional, que no satisface el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley Nº19.880.
La facultad de fiscalizar la aplicación de las normas de carácter laboral que rigen a los trabajadores de dicha institución no compete a esta Entidad de Control, dado que no revisten el carácter de funcionarios públicos.
La resolución, desde el punto de vista administrativo, no constituye un acto terminal, ya que no resuelve el fondo del asunto, sino que sólo suspende el procedimiento sancionatorio el que se encuentra supeditado a la ejecución satisfactoria por parte del sumariado del Programa.
En la especie, la audiencia de juicio se desarrolló en seis audiencias, lo que resulta exorbitado y fuera de norma para un juicio entre un único trabajador y una sola empresa.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la resolución que ordenó a la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, la entrega de información relativa al número de camas UCI y UTI, utilizadas mensualmente en Chile por pacientes con covid-19 confirmado, diferenciando entre pacientes vacunados (con una, dos y 3 dosis) y no vacunados, en el período que va entre enero y noviembre de 2021.
El Tribunal de alzada estableció yerro en la sentencia impugnada, dictada por Decimonoveno Juzgado Civil de Santiago, en la parte que desestimó lo pedido por concepto de desvalorización del automóvil.
El obrar arbitrario de la recurrida se configura por su falta de actuación, porque al no iniciar el procedimiento de Hospitalización Involuntaria mantiene la situación de vulnerabilidad e inestabilidad de la persona en favor de quien se recurre.
Al ser ofertados los departamentos del Condominio “Parque Monasterio II”, se ofreció la posibilidad de ampliarlos, lo que posteriormente no fue autorizado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Lo Barnechea.
El tribunal estableció que los descuentos hechos por la empresa no constituyen resarcimiento de los perjuicios causados, sino que sólo son los correspondientes legalmente por la interrupción del servicio contratado.
El retardo en la tramitación no puede ser imputable a caso fortuito o fuerza mayor, ya que vulnera la libertad personal de las amparadas y les impide reencontrarse con su núcleo familiar residente en Chile.
