La mantención de manera indefinida de datos personales de investigaciones de las que fue objeto la recurrente y que concluyeron con sobreseimiento definitivo, constituyen un acto que carece de fundamento, pues no existe norma legal que lo autorice.

El máximo Tribunal ordenó la anulación de todo lo obrado en el procedimiento no contencioso, ya que amenaza el ejercicio del derecho de propiedad de los recurrentes.

El máximo Tribunal reitera su criterio asentado, en orden a que se debe buscar una solución de fondo, más allá de modificaciones puntuales a los requisito para acceder a la libertad condicional o de aumento de penas para determinados delitos; solución que pasa por la creación de tribunales de ejecución de penas. Propuesta que el máximo tribunal viene planteando, a lo menos, desde el año 2000.

El fallo señala que por medio del recurso interpuesto, se impugna la resolución dictada por la Corte de Valdivia que revocó por mayoría la dictada en primera instancia, básicamente sobre la reiteración de las argumentaciones vertidas en las oportunidades procesales correspondientes, cuestionando en este caso más que nada la interpretación efectuada por los recurridos a las normas legales aplicables al caso, y la aplicación de la causal eximente de responsabilidad penal que no había sido acogida en la resolución en alzada.

La conducta denunciada importó una vulneración del uso razonable de sus facultades, debido a que denegó el permiso, existiendo otros locales comerciales, de similares características funcionan de manera normal y con terrazas, incluso de mayor envergadura.

En virtud de su competencia conservativa la Corte puede adoptar todas las medidas conducentes para otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos, aun cuando su origen sea indeterminado.

Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

El acto constituye un acto de autotutela. La empresa debe acudir a tribunales civiles para solicitar la restitución de la propiedad.

El acto constituye un acto de autotutela, por lo que la recurrida deberá levantar el bloqueo de la ruta de acceso.

Es irracional y contrario a la justicia que trabajadores que se encuentran inmersos en una huelga opten por la autotutela, generando hostigamientos y amenazas a las personas que trabajan en el resguardo de la faena, sostiene la recurrente.