En cumplimiento al imperativo derivado de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y a la propia regulación que se ha dado el Poder Judicial a propósito de la dictación del “Protocolo de acceso a la justicia de personas con discapacidad.”

El Tribunal Pleno modificó el auto acordado sobre la forma de conocimiento del recurso de apelación de los recursos de amparo ante el máximo Tribunal.

La empresa afectada acusó vulneración del derecho a desarrollar una actividad económica lícita, en circunstancia que el local funcionaba como un casino online, llegando incluso a detectar los fiscalizadores en el sitio pagos a diferentes apostadores, sin contar la recurrente con el permiso adecuado para ejercer tal giro.

La recurrente -que es demandada en juicio precario- alegó que la contraparte ordenó a la empresa de suministro eléctrico el retiro del empalme de luz del sitio, en circunstancias que su ocupación se encontraría fundada en una presunta promesa de compraventa con el fallecido hermano de la demandante. No obstante, la magistratura estimó que el asunto ya estaba siendo conocido por la justicia ordinaria, por lo que la actora carece de derecho indubitado.

No se verifica ilegalidad en la Resolución recurrida, desde que fue dictada por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones, fundado en causa legal y dotada de la motivación necesaria, teniendo presente la gravedad del delito cometido.

El recurrente posee derechos de aprovechamiento respecto de cuatro norias ubicadas en terrenos de los recurridos, quienes levantaron rejas y barreras para impedirle acceder a los puntos de extracción, en un acto de autotutela prohibido por la ley y que vulnera el derecho de propiedad que el actor posee respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas, que recaen en los pozos ubicados en propiedad de los recurridos.

La magistratura estimó que las reducciones presupuestarias que afectan a la institución castrense, son óbice para que aquella haya llamado a retiro al recurrente debido a “necesidades institucionales”, que al ser de índole económica permiten reducir el estándar de fundamentación de un acto discrecional.

En tales condiciones, el finiquito no es más que una renuncia de derechos durante la vigencia del contrato de trabajo.

El máximo Tribunal resolvió que corresponde al municipio hacerse cargo de las obligaciones previsionales por los períodos impagos, debido a que en los contratos de servicios celebrados con el demandante, no incorporó ninguna cláusula que hiciera de cargo del trabajador el pago por sus propias cotizaciones.

El Juez del Trabajo declaró que la denunciada incurrió en prácticas lesivas a la libertad sindical y le ordenó corregir las infracciones que determinó. Le ordenó otorgar el trabajo convenido al delegado, entre otras medidas.