Para determinar la extensión de la medida de clausura total, la resolución consideró que si bien tanto el Servicio de Evaluación Ambiental y como SMA, concluyen que el proyecto debería contar con una RCA favorable para poder ejecutarse, los dos organismos disienten en los fundamentos para sostener que el proyecto está eludiendo el Sistema de Evaluación Impacto Ambiental (SEIA).

El Tribunal concluyó que, para determinar la sanción, la SMA no fundamentó debidamente la ponderación de las circunstancias asociadas a la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, y la capacidad económica del infractor (Artículos 40 letras a), b) y c) de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente).

Se trata de dos profesionales que asumirán en el Segundo y Tercer Tribunal Ambiental, respectivamente.

La Dirección Regional Magallanes y la Antártica Chilena determinó que el proyecto debía someterse al SEIA dado que el carácter permanente de las actividades de navegación y avistamiento, y el número creciente de visitantes, que coinciden con épocas de apareamiento y alimentación, conllevan un riesgo de afectación de las especies de mamíferos y aves marinas, que son objeto de protección.

Judicatura especializada determinó que la Superintendencia del Medio Ambiente no fundamentó debidamente la configuración de la infracción imputada y sancionada.

El Tribunal señaló que existe un nivel de incertidumbre y riesgo en la evaluación ambiental, con evidentes anomalías en la definición del área de influencia del proyecto, la emisión de contaminantes y modelación de la calidad del aire, lo que atenta con la salud de la población.

Al revisar en detalle la alegación referida a la falta de realización de un segundo periodo de participación ciudadana, el Tribunal determinó que las modificaciones realizadas al proyecto no han causado afectación a comunidades o grupos humanos, ni han generado nuevos impactos significativos o un aumento en su extensión, magnitud o duración, por lo que no resulta procedente.

El proyecto inmobiliario consiste en la venta de 269 parcelas, con un “club house”, laguna artificial, más la habilitación de servicios y caminos. Lo anterior, emplazado en la zona que deslinda con el río Trancura y los “Saltos de Marimán”, atractivo natural y turístico del sector.

La Empresa reclamante argumenta que la infracción estaría prescrita y que se habría generado el decaimiento del procedimiento administrativo, lo que es descartado por el organismo fiscalizador.

Luego de analizar los antecedentes del caso, el Tribunal concluyó que la autorización de la Seremi de Salud, mediante la cual se autorizó a Geobarra para disponer residuos peligrosos, no tienen un correlato en los hechos, pues la empresa se dedica a la gestión de residuos y no realiza actividades de disposición final y/o eliminación de dichos residuos.