La Universidad solo se limita a reconocer la existencia de una “práctica universitaria”, que impone ciertos requerimientos para optar a la titulación, proceder que pone en serio entredicho la constitucionalidad de dicha conducción.
A pesar que la resolución impugnada no es una sentencia definitiva que ponga termino al juicio, la pena sólo podrá cumplirse una vez que se encuentra ejecutoriada conforme al artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.
Sostener que hay diferencia entre cumplir una pena y una condena, sería una interpretación que se burla del espíritu de las normas establecidas en la ley.
La resolución impugnada constituyó un acto ilegal y afectó el derecho a la igualdad ante la ley del actor.
La recurrente alega que no recibió una carta certificada notificando su destitución, por lo que no puedo defenderse adecuadamente en el proceso.
El arbitrio no planteó adecuadamente las peticiones concretas sometidas al tribunal de Alzada.
La sentenciadora limitó infundadamente los medios que probatorios que permitían acreditar el cumplimiento de la obligación.
La sentenciadora rebajó la multa aplicada a la reclamante en virtud del principio de proporcionalidad.
El juez de instancia demoró 83 días en dictar la sentencia definitiva.
El proyecto en evaluación no corresponde a un “proyecto de desarrollo minero”, por lo que no corresponde abrir un proceso de participación ciudadana.
Las acciones se ejercieron en contra del Fisco de Chile.
