Si bien es pública y notoria la permisividad con que se actúa en las fronteras chilenas, lo cierto es que tal situación fáctica no importa una autorización jurídica por parte de las autoridades, ni le priva a ella del ejercicio de sus facultades legales.
La orden de detención despachada en contra del recurrente deviene en ilegal, toda vez que del mérito de los antecedentes aparece que no ha sido legalmente citado a la presencia judicial.
La causal de nulidad de la letra b) del Artículo 373 del Código Procesal Penal se encuentra destinada a conocer infracciones efectuadas a normas sustantivas del derecho penal y no a infracción de normas procesales.
El artículo 295 del CPP no exige número ni tipo de prueba determinado como tampoco limita los tipos de medios de prueba a presentar y menos restringe los hechos sobre los cuales puede referirse.
Se trata de una sanción principal que cuenta con una regulación específica, dada por la norma del artículo 196 de la Ley 18.290 que, no considera rebaja.
El acto impugnado emana de una resolución dictada por un tribunal competente, que ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, aplicando correctamente la normativa legal del caso.
El máximo Tribunal otorgó un plazo de 90 días.
La denunciada puso término anticipado a la contrata de la actora quien denunció vulneración de su derecho de igualdad ante la ley.
Los razonamientos esgrimidos en la sentencia impugnada constituyen la tesis correcta.
El acto impugnado se fundó en lo dispuesto en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.
El tribunal estimó que el actor desempeñaba un cargo de exclusiva confianza del Director Regional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
