Si bien la madre puede haber tomado la decisión denegatoria pensando en el interés superior de su hijo, nada puede ser más contrario a ello que adoptar una postura que pueda redundar exactamente en todo lo opuesto, esto es, en la muerte del niño.

La demora excesiva y la despreocupación del recinto hacia la salud de la recurrente, constituyen un acto arbitrario que vulnera el derecho a salud de la afectada, que permanece a la espera en las listas del nosocomio para la realización de la cirugía de prótesis a ambas rodillas, que -hasta el momento- no es prioritaria para el hospital.

Se requiere una actuación pronta y expedita de parte del Estado, considerando que el propuesto beneficiario se encuentra bajo su custodia y continuaría sufriendo episodios frecuentes de convulsión en el tiempo. De manera reciente, se informó, por ejemplo, que se habría lesionado en un episodio epiléptico del 7 de agosto de 2023.

La pobreza afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad. Los costos adicionales de vivir con una discapacidad equivalen a una “barrera infranqueable” para el ejercicio de los derechos de este colectivo. La pobreza y la pobreza extrema se presentan como factores ambientales y sociales de riesgo que inciden en el desarrollo de una discapacidad.

El ente rector del balompié nacional vulneró la imagen, integridad psíquica, y libertad del trabajo del ex árbitro, al adoptar medidas que hicieron suponer malos tratos hacia el funcionario luego de darse a conocer una serie de reclamos del sindicato de árbitros de fútbol local, por presuntos actos de corrupción de Castrilli.

La vigencia de las fuentes de riesgo de los fiscales y su relación con los eventos que vienen enfrentando actualmente, reflejan que su situación requiere la inmediata intervención del Estado. Su situación continuará intensificándose en la medida que avancen las investigaciones del Equipo que lideran al interior del Ministerio Público en el actual contexto.

Se ha establecido que la obligación procesal del Estado en virtud del artículo 2 de la Convención requiere una respuesta de derecho penal, y que a las víctimas se les debe dar la oportunidad de participar en este proceso, en la medida necesaria para salvaguardar sus intereses legítimos. Esto no puede compensarse con la posibilidad de que puedan presentar una demanda civil separada, ya que dicho procedimiento no examinaría la responsabilidad penal del acusado.

Se impugnó una resolución de la Comisión Médica Central que calificó la invalidez de la recurrente como parcial, no obstante, el órgano tuvo todos los elementos de juicio para determinar que la migraña crónica que la actora acusaba como invalidante sólo era migraña común, situación que redujo su grado de discapacidad al no ser una enfermedad que amerite la declaración de invalidez total.

El acto de reconocimiento de responsabilidad internacional cumplió con los requerimientos indicados en la sentencia, e incluso abarcó aspectos no ordenados en la misma, tales como la realización de un espacio de atención psicosocial previo, lo cual demuestra la voluntad del Estado de cumplir esta medida de la manera más satisfactoria para las víctimas, lo cual contribuye significativamente a su dignificación.

La funcionaria indicó que el traslado desde Chillán hacia Graneros carece de motivación, debido al trastorno de espectro autista que padece su hijo menor de edad, hecho que no fue considerado medicamente grave por la Corte Suprema, que confirmó el traslado de la recurrente.