Los hechos descritos sugieren que la situación de riesgo es susceptible de continuar y exacerbarse con el tiempo, atendiendo a la naturaleza de los hechos alegados en el contexto en el que se insertan, de tal forma que resulta necesario adoptar medidas para salvaguardar sus derechos a la vida e integridad personal de manera inmediata.

Los prestadores privados de salud sólo están obligados a brindar el servicio en caso de urgencias, por lo tanto, la Clínica puede negarse a atender a un cliente que mantiene deudas impagas por servicios prestados con anterioridad, razona la Corte Suprema. En voto disidente, el ministro Sergio Muñoz estimó que negar la atención médica en función de una deuda previa, es un acto de autotutela por parte del nosocomio.

Los incidentes no fueron aislados y fueron suficientemente numerosos e interconectados como para constituir un patrón o sistema (“práctica administrativa”). El Gobierno ruso no argumentó, y mucho menos fundamentó, que los incidentes que implicaron asesinatos, malos tratos, arrestos y detenciones a gran escala no habían tenido lugar.

La respuesta del Estado no brinda información sobre la eventual adopción de medidas específicas para proteger a las personas propuestas como beneficiarias. A pesar de que se dieron órdenes internas para realizar medidas de protección, la información disponible indicaría qué estas no se han implementado.

La magistratura estimó que el recurrido posee acciones legales para perseguir el cobro de la deuda por servicios básicos de suministro agua, por ende, los cortes de agua son actos de autotutela que vulneran el derecho a la vida de los afectados, al ser el líquido un elemento vital para la vida y la higiene de las personas.

Es posible que la decisión de abortar se haya tomado en soledad, pero el procedimiento en sí incluyó intervención médica y requirió tanto la presencia como la intrusión de otras personas. También destacamos que este ‘derecho a ser dejado en paz’ fue modificado por un principio limitante: el derecho no permitía a un individuo infligir daño a sí mismo o a otros.

Esta Corte rechaza tajantemente que los habitantes de Colombia vivan en un país donde sus instituciones penitenciarias no permitan que las personas antes de morir estén si quiera cerca de sus familiares como una manera de aliviar y sentirse acompañadas en ese momento tan definitivo de la vida como es la muerte.

Tomando en cuenta los antecedentes alegados y el contexto señalado, valorados en su conjunto, la Comisión estima que el requisito de gravedad se halla cumplido y que prima facie los derechos a la vida e integridad personal de las personas de la comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayacu se encuentran en grave riesgo.

La obligación de prevención en materia ambiental impone al Estado el deber de regular, supervisar y fiscalizar las actividades que impliquen riesgos significativos al medio ambiente. Asimismo, el Estado tiene la obligación de prevenir la contaminación ambiental como parte de su deber de garantizar el derecho a la salud, la vida digna y la integridad personal, lo que a su vez conlleva el deber de proveer servicios de salud a personas afectadas por dicha contaminación.

Cuando existen motivos fundados para creer que una persona enfrenta un riesgo real de sufrir la pena capital, tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes en el país de destino, el Estado contratante tiene la obligación de no expulsar a esa persona. En este caso, los hombres se enfrentaban a un riesgo extremadamente alto de ser condenados a muerte.