La recurrida no consideró que el amparado posee arraigo familiar y laboral en Chile.

Si bien no existe un reconocimiento internacional expreso de tal derecho (migración), es parte de su ámbito de libertades la opción de emigrar, lo que no impone a los Estados a un deber de recibir. De manera que, ellos son absolutamente autónomos en virtud de la soberanía que posee, para recibir la inmigración conforme el derecho interno lo determine.

Podrá ser oída toda persona o institución y organizaciones representativas de los intereses involucrados en el conflicto jurídico-constitucional que deberá resolver la Magistratura.

La medida dictada hace más de 4 años por un delito de tráfico de estupefacientes es desproporcionada e innecesaria, ya que la permanencia de la amparada no reviste la gravedad y peligrosidad que amerita la expulsión y prohibición de su ingreso al país.

El asunto discutido no es materia objeto del recurso de amparo.

El requisito exigido a la recurrente es físicamente imposible por razones que ajenas a ella.

La resolución impugnada fue ordenada por autoridad competente, dentro de la esfera de sus facultades legales.

El Senado respaldó el informe, que contiene acuerdos en torno a protección complementaria, mujeres migrantes, prohibiciones imperativas, entre otros aspectos.

La instancia abocada a resolver las divergencias entre ambas Cámaras alcanzó acuerdos en los artículos sobre protección complementaria, procesos de expulsión, catálogo de delitos, entre otras materias.

El ente contralor adujo esto, para el solo efecto de efectuar trámites ante el Departamento de Extranjería y Migración, y las Gobernaciones Provinciales.