En el fallo, el magistrado hizo lugar a la acción tras establecer el incumplimiento contractual de la clínica y del médico tratante, por lo que los condenó a pagar solidariamente a la afectada la suma de $15.000.000 por daño moral y $3.811.140 por daño material, y un total de $15.000.000 por indemnización de perjuicios a cónyuge e hijos.

No cabe condenar a la demandada por el mero hecho de ser propietaria del inmueble causante de los daños, que si son ocasionados por cosas que se caen o que son arrojadas desde una vivienda deben ser imputados al «cabeza de familia», que es la persona que habita la casa o parte de ella. En el caso de autos, es un hecho probado que la vivienda se encuentra arrendada y que nadie avisó a la propietaria de la fuga.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a la dignidad, la igualdad ante la ley, el derecho a la honra y el principio de seguridad jurídica, ya que impide de forma absoluta reclamar la indemnización del daño moral en caso de imputaciones injuriosas contra el honor o crédito de una persona.

La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia recurrida, dictada por el Tercer Juzgado de Letras de Iquique.

En el fallo la magistradacondenó al Gobierno Regional de Aysén a pagar las sumas de $314.643.032, por mayores gastos generales, y $54.968.896, por el cable utilizado y no pagado.

La Novena Sala del tribunal de alzada ratificó en íntegramente la sentencia de primera instancia, dictada por el 25° Juzgado Civil de Santiago, que le ordenó al banco el pago de la suma de $3.074.000, por concepto de daño emergente, provocado por el actuar negligente de la demandada, al incumplir con la obligación de velar por la seguridad informática de transacciones electrónicas.

La fuente de la responsabilidad en materia de delitos de lesa humanidad se encuentra en normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que persiguen la protección de un bien jurídico que se halla en un plano superior, la dignidad de la persona humana. De manera que la acción indemnizatoria derivada de estos delitos no es una simple acción patrimonial, sino que tiene carácter humanitario.

Las reglas de la prevención del daño se describen como una fuente de deber de los sujetos que conviven en una sociedad, en las limitaciones de cuanto ella dependa, de evitar un daño no justificado, o bien adoptar todas aquellas medidas, y conforme a las circunstancias, que sean razonables para evitar que se produzca el daño o evitar la magnitud del ya producido.

Acusan a la empresa de comercializar la bebida a sabiendas de que es perjudicial para niños, mujeres embarazadas, lactantes y personas sensibles a la cafeína, incluidas aquellas con problemas cardíacos, como era el caso de la víctima.

Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, aludiendo a las zozobras y molestias espirituales que le causara al afectado la sucesión de reclamos y trámites a los que se vio obligado para conseguir el reconocimiento de sus derechos, así como los padecimientos presumibles debido a la incidencia de la prestación indebida del servicio en su vida y la pérdida de sus mascotas, se estima adecuada la cantidad determinada por daño moral.