La observancia del principio de congruencia exige una rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan la pretensión y la opinión. En lo que concierne al objeto, este principio requiere que el juez emita pronunciamiento, total o parcialmente positivo o negativo.
Existe una negligente disposición del cambio de nivel entre la calle y el portal que constituye un obstáculo que excede de la normalidad y de los riesgos generales por no tener carácter previsible para la víctima. No apreciamos conducta negligente o descuidada por parte del demandante que permita realizar una compensación de culpas con el efecto de minorar la indemnización a percibir.
La aplicación automática de la confiscación en casos de urbanización ilícita no se ajusta a los principios derivados de la jurisprudencia del Tribunal sobre el artículo 1 del Protocolo Nº 1, que consagra el derecho de propiedad. Sin embargo, el cambio de uso de suelo designado y la pérdida de la condición de suelo edificable no fueron planteados en el marco de la sentencia de fondo.
El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia recurrida, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Punta Arenas.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido en contra de hechos establecidos por los jueces del fondo.
Cuando el perito determina que el trastorno que presenta la víctima justifica un tratamiento especial, aquélla puede percibir ese monto, como un rubro más del resarcimiento, incluso en el caso de que decida no hacer ningún tratamiento, y cargar con el peso de su malestar. La frecuencia y duración siempre serán estimativas, pues está claro que nadie puede predecir con certeza cuándo se curará una persona.
Al circunscribir el concepto de «accidente», en el sentido del artículo 17, apartado 1, del Convenio de Montreal, a un conjunto de acontecimientos intrínsecamente relacionados que se suceden, sin interrupción, en el espacio y en el tiempo, esta disposición permite que los pasajeros sean indemnizados fácil y rápidamente.
En la sentencia, el juez estableció la responsabilidad de la recurrida por la negligencia y falta de servicio en que incurrieron tanto en el hospital de Galvarino como en el de Lautaro, al no haberse ordenado la hospitalización inmediata de la paciente.
Era la madre quien tenía el derecho a decidir si daba a luz de forma natural o mediante cesárea. Nos encontramos ante una usurpación inadmisible de un derecho ajeno que ha provocado un resultado terrible por aquellos que hurtaron la posibilidad de que la mujer pudiera optar por la cesárea en su debido momento para evitar cualquier lesión a su hijo.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que condenó a la empresa al pago de una multa a beneficio fiscal de 50 UTM y $500.000 por concepto de indemnización de perjuicios, a cada afectado.
