El requirente alegó que por no acompañar el receptor judicial la transcripción de la declaración de los testigos dentro del plazo de 10 días, previo apercibimiento se la tuvo por desistida la prueba testimonial, lo que vulnera el debido proceso, la defensa jurídica, la igualdad de armas, entre otras garantías.
El requirente alega que la suspensión indefinida atenta contra su derecho a ser juzgado dentro de un plazo prudente.
El requirente alega que la ocurrencia de un accidente cerebro vascular le impide comparecer a absolver posiciones por lo que se le dará por confeso, lo que es contrario a la igualdad ante la ley, al debido proceso, al derecho a defensa, entre otras garantías constitucionales.
El requirente alega que no existe fundamento racional para someterlo a un proceso carente de garantías, que contraviene la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, la igualdad ante la ley, y otras garantías aseguradas en tratados internacionales.
El requirente estima que se limita de sobremanera la acción para impugnar el avalúo fiscal reduciendo las causales a ciertos casos de error de hecho.
La requirente estima que al impedírsele apelar contra la sentencia que rechaza un incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento se atenta contra el debido proceso y establece un trato discriminatorio en su contra.
La requirente alegó que la prohibición establecida en el precepto legal impugnado transgrede la garantía constitucional del debido proceso.
El requirente alega que el precepto legal cuestionado infringe su garantía de un debido proceso y su derecho a recurrir ante una resolución abusiva.
La aplicación de los preceptos legales impugnados contraviene la igualdad ante la ley, la garantía de un justo y racional procedimiento, la seguridad jurídica, entre otras garantías constitucionales.
Requerimiento de juezas titulares del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y Marco Enrique Ominami.
La requirente estima que el impedimento impuesto por la norma impugnada es atentatorio contra su garantía a un debido proceso e igualdad ante la ley.
