El requirente alegó que por no acompañar el receptor judicial la transcripción de la declaración de los testigos dentro del plazo de 10 días, previo apercibimiento se la tuvo por desistida la prueba testimonial, lo que vulnera el debido proceso, la defensa jurídica, la igualdad de armas, entre otras garantías.
Justo y racional procedimiento
Norma que establece la competencia de los Tribunales Militares para conocer de delitos comunes cometidos por funcionarios de Carabineros, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
Normas que no conceden el recurso de apelación contra ciertas resoluciones dictadas en procedimientos regidos por la Ley N°20.720, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
Normas que exigen comparecer ante la Corte respectiva y hacerse parte como requisito para la tramitación de los recursos, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.
Norma que suspende la prescripción de la acción del SII para girar impuestos comprendidos en una liquidación cuyas partidas o elementos hayan sido objeto de una reclamación tributaria, será revisada por el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la suspensión indefinida atenta contra su derecho a ser juzgado dentro de un plazo prudente.
Normas que establecen la obligación de todo litigante de comparecer a absolver posiciones bajo apercibimiento de tenerse por confeso, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la ocurrencia de un accidente cerebro vascular le impide comparecer a absolver posiciones por lo que se le dará por confeso, lo que es contrario a la igualdad ante la ley, al debido proceso, al derecho a defensa, entre otras garantías constitucionales.
Norma que entrega a la Justicia Militar el conocimiento del proceso penal seguido contra enfermero de hospital naval, se impugna en el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que no existe fundamento racional para someterlo a un proceso carente de garantías, que contraviene la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, la igualdad ante la ley, y otras garantías aseguradas en tratados internacionales.
Norma que establece las causales en que podrá fundarse la reclamación contra el avalúo fiscal de bienes raíces, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente estima que se limita de sobremanera la acción para impugnar el avalúo fiscal reduciendo las causales a ciertos casos de error de hecho.
Norma que restringe la procedencia del recurso de apelación en procedimientos ante Juzgados de Policía Local, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
La requirente estima que al impedírsele apelar contra la sentencia que rechaza un incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento se atenta contra el debido proceso y establece un trato discriminatorio en su contra.
Requerimiento de inaplicabilidad que impugna norma que prohíbe conceder orden de no innovar durante la tramitación de la apelación en procedimientos especiales de arrendamiento de predios urbanos, se declara derechamente inadmisible.
La requirente alegó que la prohibición establecida en el precepto legal impugnado transgrede la garantía constitucional del debido proceso.
Norma que impide interponer recurso de queja contra resoluciones dictadas por una Sala de la Corte Suprema, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que el precepto legal cuestionado infringe su garantía de un debido proceso y su derecho a recurrir ante una resolución abusiva.
Normas que prohíben alegar el abandono del procedimiento en sede de cobranza laboral, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
La aplicación de los preceptos legales impugnados contraviene la igualdad ante la ley, la garantía de un justo y racional procedimiento, la seguridad jurídica, entre otras garantías constitucionales.
Normas que establecen la obligación de los acusados de asistir personalmente a todas las audiencia del juicio oral se impugnan ante el Tribunal Constitucional.
Requerimiento de juezas titulares del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y Marco Enrique Ominami.
Norma que impide recurrir de nulidad contra sentencia condenatoria dictada en segundo juicio penal por haberse anulado el primero en que también se impuso condena, se impugna nuevamente ante el Tribunal Constitucional.
La requirente estima que el impedimento impuesto por la norma impugnada es atentatorio contra su garantía a un debido proceso e igualdad ante la ley.