Entre otras cosas, prohíbe expresamente cualquier forma de intervención en las decisiones editoriales de los medios de comunicación. Los Estados miembros están obligados a proteger la independencia de los medios y garantizar que no haya presiones sobre periodistas y editores para que revelen sus fuentes.
El profesional fue detenido por los servicios de seguridad mientras preparaba un reportaje sobre los mercenarios de Wagner. Si bien se le acusa de realizar espionaje sobre la industria de defensa, las autoridades se han negado a dar más detalles al respecto, por lo que muchos han cuestionado la legalidad de la detención. Arriesga una pena de 20 años de cárcel.
Existen tres aspectos relevantes que deben evaluarse cuando se pretenda analizar el nivel de riesgo de un periodista que se dedica a la difusión de información, expresión u opinión en asuntos políticos, sociales o a la denuncia de situaciones ilegales: el perfil del comunicador, contenido de la información u opinión que difunde y el contexto del lugar en el cual se desempeña el periodista.
Las imputaciones de amenazas deben ser resueltas imparcialmente por los tribunales ordinarios, a través de las acciones correspondientes, con pleno respeto y garantía de los derechos de las partes.
Los medios de prensa están obligados a informar de buena fe para brindar información fidedigna y precisa de conformidad con la ética del periodismo. Ello implica que deben dar al interesado la oportunidad de defenderse mediante su derecho a réplica.
Recurrente alegó que se vulnera el derecho del periodista y el suyo propio a informar y ser informado de hechos de relevancia nacional, dado que la exclusión se debió a razones políticas.
La iniciativa busca otorgar una mayor protección a dichas personas cuando, en ejercicio de sus funciones, sufran amenazas, lesiones de todo tipo y homicidio.
El Estado debe abstenerse de negar el acceso a la información pública a quienes, en ejercicio del derecho fundamental de petición, la solicitan.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ofrece recomendaciones de seguridad para los periodistas que cubren elecciones y desórdenes civiles.
El profesor de derecho procesal penal aduce que debe evitarse que los estados de opinión influyan en el juicio oral cuando, en lugar de garantizar la libertad de información y de formación y de ejercer ese derecho con arreglo a las reglas éticas de fidelidad a lo que acontece en el juicio oral, se emita información tendenciosa y tergiversada, distorsionada, adelantando conclusiones precipitadas y aventuradas.
Las causas se relacionan con el caso “D’Alessio Gate”, escándalo político y una causa judicial que investiga si existió una organización bajo el control de agentes o exagentes de inteligencia que habría realizado a partir de diciembre de 2018 actividades vinculadas al espionaje ilegal en los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico.
