La magistratura estimó que la medida “temporal” es esencialmente revocable, y no constituye un acto terminal. Asimismo, indicó que el resultado del sumario puede ser impugnado por las vías administrativas y judiciales que la ley otorga al actor; por lo que la separación de su cargo obedece a las facultades reglamentarias y disciplinarias reconocidas a Gendarmería.
Los hechos actuales constituyen la segunda vez que el funcionario es investigado por actos de violencia intrafamiliar, por lo que la decisión de la institución de separarlo de sus filas por conducta funcionaria impropia, se ajustó a derecho.
El legislador concede a Carabineros la facultad de llamar a retiro temporal a sus funcionarios frente a determinadas circunstancias, decisión que no es posible dejarla sin efecto a través de la acción constitucional, sin perjuicio de que se resuelva algo distinto con posterioridad. Además, no es acto administrativo de carácter terminal y la recurrente no tiene un derecho indubitado que la ampare.
El requirente alega que se aplica la norma de forma arbitraria vulnerando su igualdad ante la ley, el debido proceso, la dignidad humana, entre otras garantías constitucionales.
Los funcionarios públicos no tienen propiedad sobre su función ni sobre sus remuneraciones, por lo mismo cuando son desvinculados por causas legales no pueden solicitar beneficios por tal separación.
La Dirección de Pensiones de la institución había considerado el plazo de prescripción de dicha acción desde que tuvo lugar la notificación del retiro temporal del ex uniformado, puesto que desde ese momento el funcionario se entendía desvinculado, lo que sólo fue ratificado con el retiro definitivo.
La decisión puede modificarse a través de un procedimiento contencioso administrativo o civil en que se revisen los fundamentos de los actos administrativos.
La medida es facultad del Presidente de la República, previa propuesta del Director General de Carabineros, según dispone la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. Además, en base a los antecedentes presentados, tal decisión se encontraba debidamente justificada.
El requirente alega que la aplicación del precepto, en el caso concreto, infringe su garantía a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
La actora no pudo probar respecto de su presunto fuero maternal, que se encontraba en la hipótesis del artículo 197 bis del Código del Trabajo.
Tal facultad es independiente del proceso penal o sumario que se tramite.
