La multa sanitaria impuesta a la ex constituyente se encuentra actualmente bajo el conocimiento del Undécimo Juzgado Civil de Santiago, tribunal ante el cual la actora puede efectuar alegaciones y peticiones sobre la materia discutida.

Al acreditarse el deber de mantención de los bienes de uso público por parte del municipio y el mal estado de la acera, no hace falta averiguar las razones de ese problema para determinar la falta de servicio, puesto que esa responsabilidad es de carácter objetivo.

En la especie, el artículo 75 de la Ley N°18.290 permite a la policía revisar que el vehículo controlado cuenta con los elementos de seguridad propios de la conducción, indicio válido para el registro del automóvil en que fue encontrada la droga escondida por la recurrente.

Los congresistas apuntaron a la necesidad de mejorar el acceso a la atención de salud de estos pacientes y a terminar con la discriminación de la que son objeto, en particular respecto al rechazo de licencias médicas.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la de primer grado que hizo lugar a la demanda.

Debe pagar 30 millones de pesos. El recinto ya había sido sancionado en 2016 por episodios de acoso escolar sufridos por los hijos de la demandante, dos menores de edad diagnosticados con trastorno de espectro autista.

La Comisión Especial de la Mujer y Equidad de Género retomó el estudio en particular de la moción que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación.

No por ser de índole constitucional y de derecho público, la responsabilidad civil del Estado no puede extinguirse por el transcurso del tiempo, dado que, por su carácter universal, la prescripción no es ajena a esas normativas y puede operar en todas las disciplinas del Derecho Público.

Esta es la correcta aplicación e interpretación del artículo 98 de la Ley N°18.092, por lo que en la especie el máximo Tribunal absolvió al demandado de la ejecución.

Los internos no pierden todos sus derechos por el hecho de haber sido privados de su libertad, debido a la dignidad inherente al ser humano.