La magistratura no incluyó en su decisión ningún razonamiento, respecto al propio reconocimiento que el ejecutante hizo en cuanto a la prescripción del documento, y ordenó sin más continuar con la ejecución, circunstancia que no pasó desapercibida para el máximo Tribunal, que invalidó de oficio el fallo recurrido luego de verificar la existencia del vicio de nulidad formal contenido en el Nº5 del artículo 768 del Código Adjetivo.

En atención al principio de especialidad, el tribunal Supremo estimó que la compensación realizada a los recurrentes vulneró su derecho de propiedad, debido a que la Ley Nº20.027 contempla mecanismos especiales para perseguir el cobro de las deudas de estudios superiores, y dichas normas deben ser empleadas con preferencia a las facultades compensatorias generales que posee la Tesorería en atención al artículo 34 del D.L. Nº1.263.

La Corte Suprema hizo lugar al exequátur, al confirmar que el fallo emitido por un juez civil trasandino cumple con todos los requisitos para su ejecución en Chile, según los requisitos del artículo 245 del Código de Procedimiento Civil.

El recurrente fue sancionado conforme a derecho según los reglamentos internos de la institución, por la comisión de faltas gravísimas, como no ejercer adecuadamente la supervisión administrativa de su compañía, y dar a conocer asuntos administrativos en reuniones de oficiales. La medida se ajustó a derecho y durante todo el procedimiento el actor estuvo en conocimiento de los cargos investigados, y tuvo la posibilidad de controvertir.

La Cuarta Sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso al no acompañar la recurrente sentencias de contraste real.

Entre 2017 y 2019, Aylo recibió pagos de una productora para transmitir contenido pornográfico, sabiendo que incluía videos que serían publicados en línea sin el consentimiento de las mujeres que figuraban en ellos, según documentos judiciales. A partir de 2016, Aylo recibió solicitudes de eliminación de mujeres que afirmaban que se les había engañado.

Ponderados los antecedentes allegados conforme a los elementos de la sana crítica, se desprende que indudablemente el actuar de la recurrida resulta arbitrario.

Sin perjuicio de que en la normativa de familia no se encuentra regulado el derecho de comunicación respecto de los seres afectivos (mascotas), entendiendo que lo correcto es valorarlos como partes integrantes de la familia multiespecie, la presente causa se tramitará de conformidad a lo establecido en Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia.

Epic desafió los sistemas de pago compartidos de Apple y Google al permitir que los usuarios pagaran directamente a través de su aplicación Fortnite. Sin embargo, ambas empresas expulsaron a Fortnite de sus tiendas, lo que llevó a Epic a demandar, aduciendo violaciones a la Ley Antimonopolio.

Si el hombre ha sido el sostén del hogar en el que la menor vive, y tras la ruptura deja automáticamente de cubrir los gastos cotidianos, tal cambio repentino puede ser perjudicial para ella, por lo cual, por aplicación del principio de solidaridad familiar, se fija una cuota alimentaria temporal de acuerdo con las pautas establecidas.