El contrato de prestación de servicios educacionales se activa solamente una vez que se verifica el cumplimiento de la condición suspensiva, la cual fue informada por todos los medios de publicidad del programa de postgrado.
La iniciativa tiene como objetivo permitir a los trabajadores acceder a un permiso remunerado por 4 días hábiles en caso de fallecimiento de la suegra o el suegro.
La necesidad de elevar el estándar de transparencia dentro de todos los órganos del estado y de las demás instituciones que reciben aporte estatal en el cumplimiento de funciones públicas, requiere de un órgano especialmente creado para fiscalizar los fondos de los órganos del Estado que cumpla esa función.
Facilitando con ello la vida diaria de un importante sector de la población que se encuentra en una edad avanzada, y aliviando las cargas administrativas que periódicamente asume la ciudadanía de ese rango etario.
La negativa del Registro Civil a conceder la posesión efectiva se fundamentó en que la recurrente no fue reconocida por su madre en una escritura pública o acto testamentario, manteniendo la calidad de hija ilegítima.
La iniciativa tiene por objeto regular el testamento de libre disposición, para que, cumpliendo determinados requisitos, el testador pueda disponer libremente de sus bienes.
Recurrente alegó que se vulnera el derecho del periodista y el suyo propio a informar y ser informado de hechos de relevancia nacional, dado que la exclusión se debió a razones políticas.
El Tribunal Constitucional declaró inaplicable el precepto legal “o una licenciatura” contenido en el artículo 103, letra b), de la Ley 21.091, lo que tornó ilegal y arbitrario el dictamen de Contraloría que impedía acceder a la gratuidad a los alumnos del College UC.
Resolver que por la sola circunstancia de un fallo que aún no adquiere el carácter de firme se imponga el cumplimiento efectivo de una condena, constituya una variación de circunstancias que hagan procedente la prisión preventiva, implica un cumplimiento anticipado de la pena.
Los contratos celebrados por la Administración gozan de presunción de legalidad, y no pueden convalidar libremente las disposiciones del artículo 162 del Código del Trabajo.
