La actora se desempeñó para la municipalidad a través de sucesivos contratos a honorarios cumpliendo jornada y horarios.
El máximo Tribunal dispuso que la recurrida deberá retirar todos los obstáculos materiales instalados, permitiendo el libre acceso y tránsito a la propiedad.
La expuso a soportar en su domicilio una actuación judicial que bien pudo evitar si hubiera informado el pago oportunamente al tribunal.
La Corte Suprema concluyó que, se acreditó que la recurrida incurrió en un atraso injustificado en la sustanciación de la investigación sumaria.
El Defensor del Pueblo de Polonia, sostiene que la Convención fortalece los mecanismos de protección contra la violencia de género.
La Corte señala que el importe mensual de una pensión por invalidez o incapacidad, que actualmente es de 286,81 euros, es innegable y manifiestamente insuficiente para garantizar el mínimo vital para los beneficiarios.
Demandante cumplió con la obligación establecida en el inciso segundo del artículo 332 del Código Civil, al financiar los estudios de la demandada, permitiéndole obtener un título, que, aunque de carácter técnico, la habilita para desarrollar labores remuneradas y proporcionarse su propio sustento, incluso para solventar el coste de una segunda carrera.
