La obligación del acusado de asistir bajo apercibimiento legal a las audiencias de juicio oral, no afecta ni amenaza ilegalmente su libertad personal, ya que es el propio legislador quien lo dispone.
La obligatoriedad impuesta por las autoridades nacionales para la vacunación en contra de estas enfermedades y el derecho a la vida e integridad física de la niña, vuelven imperioso que reciba las vacunas correspondiente a su rango etario.
Al no invocar el estatuto especial previsto en la LGUC ni el contemplado en los artículos 2003 y 2004 del Código Civil, que establecen un régimen de responsabilidad objetiva de las empresas constructoras, la parte demandante ha debido probar la negligencia que acusa, por lo que, sin esa verificación, se debe desestimar la acción de indemnización intentada.
Ante la consulta, terminada la emergencia sanitaria, ¿debería volverse a los alegatos presenciales exclusivamente?, un 81,15% de los juristas colegiados señaló que “no”. En tanto, un 18,85% se inclinó por la opción de volver al sistema existente previo a la pandemia.
Un delito cometido contra un niño o niña, u otra persona en situación de indefensión, es de mayor gravedad que uno cometido contra un adulto, porque estos se encuentran en total estado de desprotección, con mayor razón si se comete con violencia y en circunstancias que impiden a los padres socorrerlos.
Si bien no se descarta que el precio publicitado haya sido un error de parte de la empresa proveedora, lo cierto es que tal error debe ser asumido por quien está en mejor posición de evitarlo, y en este caso, es la proveedora, por lo que debe indemnizar.
El artículo 68 del Código Penal faculta al tribunal a rebajar la pena si estima que concurren las circunstancias atenuantes para ello, pero no lo obliga a aceptar cada minorante que invoque la defensa.
La normativa sectorial permite tanto a la SUSESO como a la COMPIN la recopilación de nuevos antecedentes que den cuenta de la condición de salud del afiliado, para así dar una respuesta fundada a la solicitud de autorización de licencias médicas y pago del subsidio de incapacidad.
El máximo Tribunal dictó una serie de medidas destinadas a comunicar a las isapres, la Superintendencia de Salud y las Cortes de Apelaciones del país las decisiones para resolver casos similares.
Atendido que el mensaje publicado en el grupo de vecinos en donde habitan las intervinientes hace alusión a una experiencia personal de quien lo emite, y que sólo expresa la no recomendación de los servicios, la Corte descartó que constituya un acto difamatorio que conculque garantías constitucionales.
