La medida es facultad del Presidente de la República, previa propuesta del Director General de Carabineros, según dispone la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. Además, en base a los antecedentes presentados, tal decisión se encontraba debidamente justificada.
El Tribunal de alzada descartó infracción al principio de la congruencia y falta de fundamentación en la sentencia impugnada, dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
Recurrente objetó por vía tutelar la orden que lo trasladó de la Prefectura Biobío a la 45° Comisaría de Cerro Navia, no obstante, sus argumentos personales y familiares no lograron desvirtuar la decisión de sus superiores ni convencer a los jueces de fondo.
La prescripción de la acción penal se interrumpe respecto de aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos, no solo por la comisión de nuevos delitos sino que también por existir una querella nominativa.
Ex funcionario de Carabineros intentó desvirtuar el informe de la Comisión Médica sosteniendo en su arbitrio de nulidad que sus padecimientos eran recuperables, en circunstancias que se asentó en el juicio el estado crónico de su enfermedad.
El ente Contralor hace presente – y recomienda – que en este marco de discrecionalidad no se merme la trasparencia y credibilidad institucional.
Puede ser beneficiario todo funcionario que hubiese cumplido labores efectivas en atención sanitaria producto de la pandemia de COVID-19
Al existir un sumario administrativo en curso, el resultado de éste puede afectar la decisión provisoria que separó al recurrente de la institución.
La Comisión de Seguridad Ciudadana comenzó la votación particular del proyecto que establece una nueva regulación en relación a sus beneficios previsionales, accidentes en acto de servicio y enfermedades contraídas como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada el 25 de enero recién pasado por el Juzgado de Garantía de La Serena, que sustituyó la prisión preventiva por el arresto domiciliario, el arraigo nacional, prohibición ejercer labores operativas en la vía pública, recintos o espectáculos públicos, que involucren contacto con civiles y la prohibición de acercarse y/o comunicarse con las víctimas.
